Lograr el apoyo del independentismo catalán a la investidura ya supuso realizar importantes cesiones con un alto coste económico, como la condonación de parte de la deuda catalana con el FLA o la transferencia de Rodalies. Pero también desde un punto de vista político y judicial, como es el caso de la ley de amnistía, que atenta contra el Estado de derecho. Pero todas estas cesiones del Gobierno no aseguraban contar con el apoyo de Junts y ERC durante la legislatura. Algo que quedó meridianamente claro durante la votación del decreto ómnibus y el de las medidas anticrisis, que el Ejecutivo logró sacar adelante gracias a la abstención a última hora de Junts. Para ello, el Gobierno tuvo que plegarse de nuevo a las exigencias de los de Puigdemont asumiendo la totalidad de las bonificaciones del transporte público y transfiriendo a Cataluña las competencias en inmigración.
