Borrell afea a PP, Cs y Vox su petición a la UE de investigar la reunión con Delcy Rodríguez

Cuando aquel frío 21 de diciembre de 2011 Rajoy anunció la composición de su primer Gobierno, la primera excalamación fue para Gallardón. Tras una ristra de nombres no excesivamente conocidos y de carácter relativamente tecnócrata, el expresidente y exalcalde de Madrid daba su anhelado salto a la gran política nacional. El ministro de Justicia tendría un marcado perfil político y un estilo propio en la gestión del ramo. Sin embargo, tres años después, fracasada su reforma del aborto y con la reforma de las tasas judiciales por los suelos, Gallardón se iba y Rajoy lo sustituía por alguien que era todo lo contrario, o al menos en teoría.

Son sólo datos provisionales, pero avanzan la preocupación que desde hace días se había instalado en el PP. La cifra de 66.384 afiliados inscritos para participar en el proceso del que saldrá el nuevo líder del partido es un jarro de agua fría para la formación. Si desde Génova se había sacado siempre músculo por tener más de 800.000 militantes, esa cifra arroja ahora una realidad bien distinta: sólo el 7,6% de las bases opinará sobre el futuro del partido.

El debate no ha dejado de estar encima de la mesa, pero en los últimos meses, y especialmente en las últimas semanas, se ha avivado con especial intensidad. El futuro de las pensiones españolas trae de cabeza a políticos, economistas y sobre todo a los propios pensionistas. Desde hace años se discute la sostenibilidad del sistema y se lanzan al aire propuestas que no acaban de plasmarse en un consenso entre los principales partidos. Cada uno cree que su fórmula es la mejor y el Pacto de Toledo se reúne y se reúne en el Congreso echando el balón hacia delante.