El Consejo Económico y Social Europeo recurre a la experiencia para abogar por la participación de los administradores concursales en los procedimientos de empresas de reducido tamaño al tiempo que reclama el acceso directo y rápido de estos profesionales a los registros nacionales de activos.
El presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) considera que la Ley Concursal no está funcionando y fruto de ello es el incremento de las sociedades que llegan a concurso sin masa , tanto en el caso de las personas jurídicas como en el de las personas físicas, aunque en este último caso, han tomado el relevo los consumidores sobre los autónomos.
La profesión de administrador concursal se ha convertido en una profesión de riesgo como consecuencia del incremento del número de derivaciones de responsabilidad realizadas por la Agencia Tributaria (Aeat), en las que culpabiliza a estos profesionales de la falta de cobro de las deudas que contrajo la concursada con Hacienda.
Los gestores administrativos de Galicia alertan de que la Agencia Tributaria (AET) no está registrando como gasto deducible en IRPF la cuota de la Seguridad Social de los autónomos societarios por lo que "miles de trabajadores estarían pagando de más en sus declaraciones de la Renta".
Los procuradores consideran que sería beneficioso para descongestionar el sistema judicial, que se refuerce la colaboración con los tribunales en la realización de las actuaciones materiales de ejecución, mayor intervención en el proceso monitorio.
La obligación de informar de que se ejerce otra actividad profesional por cuenta propia o ajena para entidades no competidoras impuesta por la empresa lesiona el derecho a la intimidad de los trabajadores, según determina la Audiencia Nacional, en sentencia de 26 de abril de 2023.
Hacienda no podrá regularizar ni sancionar a los contribuyentes que no han incluido los intereses de demora, percibidos por una devolución de ingresos indebidos de una Administración tributaria, en la declaración de la Renta (IRPF) antes del 12 de enero de 2023, fecha en la que el Tribunal Supremo ha cambiado de criterio y considera que sí deben tributar.
Las empresas españolas, independientemente de su tamaño, pueden con carácter voluntario reportar cinco indicadores clave en materia medioambiental en su depósito de cuentas anuales, que generalmente se aprueban en torno al 30 de junio por lo que disponen de un plazo máximo para elevarlas al Registro Mercantil que concluye el próximo 30 de julio.
En el próximo mes de julio se publicarán los 12 estándares europeos que regularán la información sobre sostenibilidad obligatorios para todas las empresas de más de 250 empleados, mientras que las pymes cotizadas y las que participen de forma voluntaria deberán esperar hasta finales de 2024, según ha anunciado Patrick de Cambour, presidente del Consejo en Materia de Sostenibilidad del Grupo Asesor Europeo de Información Financiera (EFRAG), en el transcurso de su intervenciónen los Encuentros sobre Sostenibilidad, organizados por el Consejo General de Economistas.
El pasado 9 de mayo de 2023 el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobó una "nueva línea de avales del ICO" con el fin de facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes y familias con menores.