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España es el país europeo con un mayor número de asuntos jurídicos anuales que perciben ayuda pública por cada 100.000 habitantes (3.379), pero uno de los últimos en cuanto aportación económica por cada caso (178 euros), según los datos aportados por el Informe de evaluación sobre los sistemas judiciales europeos 2022, con datos de 2020, realizado por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa (CEPEJ).