Garantizará las comunicaciones con jueces y ciudadanos
Director de Buen Gobierno. Iuris&Lex y RSC
Garantizará las comunicaciones con jueces y ciudadanos
El Boletín Oficial del Estado publica la creación del Registro Electrónico del Consejo General del Poder Judicial, que se integrará con el actual Registro General para constituir un Registro General Electrónico Único en el que se anotarán los documentos recibidos en cualquier tipo de soporte, incluido el presencial.
Los depósitos a varios años y los planes de pensiones rebajan la cifra que tocará pagar en junio con la declaración
Un año más los contribuyentes españoles se enfrentan en los últimos días del año a pensar un poco en como poder reducir lo que tendremos que pagar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a través de las posibilidades que da la normativa del propio Impuesto y antes de que llegue el 31 de diciembre, fecha en que se acaban estas oportunidades, porque se acaba el ejercicio fiscal de 2019.
Con la coalición, las filiales tributarían un 1,25% más sobre el 5% de su renta
El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) ha publicado un listado de cuestiones que consideran que son ineludibles por el próximo Gobierno entre las que destacan: la reforma de la financiación autonómica y de las haciendas locales; la tributación de la riqueza y ambiental; así, como algunos retoques en el Impuesto sobre Sociedades e intensificar la prevención del fraude fiscal.
Las empresas debaten estos días la posibilidad de adelantar el pago de dividendos a diciembre con la intención de evitar la subida de impuestos acordada el año pasado en el pacto presupuestario acordado por PSOE y Podemos y tras los anuncios de que un nuevo Gobierno de ambas formaciones pueda elevar los impuestos.
El Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo de Economistas advierte que a la hora de hacer la Declaración de la Renta en la próxima campaña que Hacienda está comprobando las cantidades percibidas por los despidos improcedentes, de las que están exentas estas cantidades hasta los 180.000 euros, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, para comprobar si ha existido algún tipo de acuerdo entre el trabajador y la empresa.