Todos esperaban que el Comité Ejecutivo Nacional del PP anunciara ayer la aceptación de las condiciones de Ciudadanos para conseguir su apoyo en la investidura del candidato Mariano Rajoy. Era lo aconsejable para que el giro que este bloqueo político ha experimentado en este mes de agosto se plasmara en una posibilidad real de iniciar la legislatura.

El Comité Ejecutivo del PP debe aceptar en su reunión de esta semana las seis condiciones de Ciudadanos. Ninguna de ellas puede ser eludida por los populares, ni siquiera la de investigar políticamente lo ocurrido en la sede de Génova cuando fue tesorero un señor al que se localizaron decenas de millones de euros en cuentas bancarias opacas fuera de España. La imagen de regeneración del partido que ha gobernado los últimos cinco años debe restablecerse con decisiones consensuadas junto al resto de partidos, empezando por los que están dispuestos a propiciar el inicio de la gobernabilidad del país.

Se podrá interpretar a Mariano Rajoy de mil maneras. Se podrá sacar punta a su ambigüedad en la tarde de ayer cuando no afirmó taxativamente que se someterá a la sesión de investidura si no tiene apoyos suficientes, sin decir tampoco taxativamente lo contrario. Se podrá anunciar de forma preventiva el incumplimiento de la Constitución por parte nada menos que de un presidente del gobierno en funciones... Pero lo que no se puede interpretar, sacar punta ni aplicar de forma preventiva es el artículo 99.2 de la Carta Magna, que obliga al candidato propuesto de forma solemne por el Rey a exponer su programa político en las Cortes y a solicitar la confianza de la Cámara.

La aprobación en el Parlament de las previsibles y arbitrarias conclusiones a las que ha llegado la comisión del "proceso constituyente" de Cataluña hacen más necesario que ayer un gobierno estable, fuerte y apoyado en una mayoría suficiente. Algo que no tenemos. Ante ese vacío debe ser suficiente con la unidad de acción de PP, PSOE y Ciudadanos, más el apoyo esperemos que sincero de Podemos en la respuesta a los secesionistas que han votado a favor de una serie de medidas flagrantemente ilegales.