Enresa está frenando la recepción de residuos radiactivos de muy baja actividad, los menos peligrosos, a la espera de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) le autorice la puesta en funcionamiento de un nuevo edificio para albergarlos en el almacén cordobés de El Cabril cuya construcción concluyó el pasado mes de abril. La empresa asevera que la situación no está afectando y no tiene por qué afectar a las 700 entidades -desde hospitales a industrias- generadoras de dichos residuos.

El incendio del cementerio de neumáticos de Seseña, considerado el mayor de la UE en su clase, ha vuelto a poner de actualidad la situación de los vertederos en España, una materia en la que tenemos mucho que mejorar: el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) nos condenó el pasado 25 de febrero porque 30 de estas instalaciones incumplían la normativa comunitaria, siete años después de que venciera la fecha límite.

El Gobierno debería haber destinado a mejorar el dominio público hidráulico más de 600 millones de euros entre 2015 y este 2016, como resultado de la aplicación del Canon hidroeléctrico, pero en las cuentas de la inversión del Estado central en materia de aguas no hay rastro de ellos. Y ni los ministerios de Agricultura y Hacienda, ni las confederaciones hidrográficas, ni otros organismos públicos consultados indican donde se están aplicando. En el sector del agua se da por sentado que, sencillamente, no se han presupuestado.

La Comisión Europea informó ayer de que ha autorizado el Plan de cierre de las minas de carbón no competitivas ,que el Gobierno español le presentó el mes pasado. Éste contempla la entrega de 2.130 millones de euros en ayudas para cubrir las pérdidas de las minas, ayudar a los mineros que se queden en paro y clausurar las explotaciones minimizando su impacto ambiental.