Rocío Gallego Losada

Profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos
Tribuna SMI

Todos ganan y todos pierden con la subida acordada del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La medida, que mejorará la situación salarial de unos dos millones de trabajadores, según cálculos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, aunque no existe un registro oficial que determine el número exacto de trabajadores que recibe el salario mínimo, supone a su vez un claro interrogante respecto a sus efectos sobre el mercado de trabajo de un país con falta de amplios sectores productivos punteros y muy dependiente del sector servicios que compite vendiendo en general con márgenes muy apretados, con lo que finalmente el valor añadido generado es bastante reducido. Y una de las consecuencias de este modelo son los salarios bajos.

Tribuna

Hace unos escasos días, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) propuso la creación de una renta mínima única estatal de entre 430 y 440 euros al mes que, eso sí, podría ser compatible con tener trabajo si los ingresos no alcanzan un determinado nivel. Se establece, por tanto, la renta del hogar como único requisito para el acceso a esta prestación, eliminando el relativo a la situación laboral que es el que funciona ahora para las prestaciones no contributivas, haciéndola compatible con un empleo y permitiendo que actúe como un complemento salarial hasta que alcance un determinado umbral considerado "salario suficiente". Hoy en día, las prestaciones no contributivas para las personas en situación de exclusión social, asumen parcialmente el papel de lo que sería una renta básica universal. Son parte de las competencias de las Comunidades Autónomas y España están más o menos en la media europea en cuanto a generosidad. Es este un sistema de asistencia dual limitado contando los hogares potencialmente beneficiarios con una prestación que cubre, con carácter general, el riesgo de pobreza y con distintos tipos de subsidios que tratan de cubrir otras contingencias específicas. En realidad, son múltiples sistemas de asistencia, entre otras cosas porque cada comunidad autónoma tiene su propio modelo de ayudas, que varían mucho de una a otra. Además, debe reconocerse que tienen problemas de diseño y que los requisitos para acceder a la misma supongan una barrera para muchos potenciales beneficiarios.

El Tribunal de Cuentas ha certificado hace unos días que la Seguridad Social se encuentra en quiebra técnica o con un patrimonio neto negativo tras perder más de 100.000 millones desde 2010, si se añade el déficit de 2018.

Opinión | Rocío Gallego Losada

Esta ha sido una semana aciaga. De un lado teníamos la desgracia de perder al profesor Stephen Hawking, al que se recordará por sus enormes contribuciones en el campo de la divulgación científica y de la física de los agujeros negros. Por otro, hemos asistido a un debate monográfico sobre las pensiones en el Congreso que no ha resultado ser sino otra decepcionante ocasión perdida para buscar acuerdos sociales y políticos viables de cómo encarar uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos como sociedad, el de las pensiones.

Opinión | Rocío Gallego Losada

Partamos de una evidencia que es un hecho básico para la existencia de un sistema de pensiones de reparto: cualquier sistema de es tipo constituye un pacto entre generaciones de manera que la actual paga a los mayores de hoy para que los jóvenes de mañana paguen las pensiones de los primeros. Este contrato social, pilar básico del Estado del bienestar, empieza sin embargo a cuestionarse desde diversos ámbitos, debido a las incertidumbres que se ciernen en torno a nuestro sistema público de pensiones y por los divergentes intereses que muestran los diferentes colectivos (generaciones) involucrados.

Rocío Gallego Losada

En las últimas semanas no dejan de sucederse una tras otra propuestas desde las formaciones políticas sobre cómo mejorar el sistema de pensiones público, una de las piedras angulares del Estado de bienestar español, y que desde 2011 afronta una situación muy complicada ya que los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos generados, lo que le lleva a acumular un déficit de 18.000 millones de euros a cierre de 2017.

Rocío Gallego Losada

Últimamente no hay mañana que no desayunemos con una nueva noticia sobre la situación actual del sistema de pensiones públicas. Y a cual peor. Hace unos días nos amargaba el café la crítica situación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, con fecha de caducidad por el agotamiento del mismo, en el mejor de los casos, en diciembre de 2017. Unos días después, nos levantábamos con las estimaciones para este año del déficit de la Seguridad Social, que puede situarse en el 1,9% del PIB, el mayor déficit jamás alcanzado en toda la historia. Pero por si eso fuera poco, otros estudios señalaban que la pérdida media de la prestación de jubilación (que ya está en marcha), tras las reformas, se situará entre un 15 y un 40%.

Rocío Gallego Losada

El pasado 1 de enero de 2014 entró en vigor la nueva fórmula de revalorización de las pensiones, una de las medidas que mayor trascendencia tiene en la evolución de los gastos del sistema a largo plazo.