Hace unos escasos días, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) propuso la creación de una renta mínima única estatal de entre 430 y 440 euros al mes que, eso sí, podría ser compatible con tener trabajo si los ingresos no alcanzan un determinado nivel. Se establece, por tanto, la renta del hogar como único requisito para el acceso a esta prestación, eliminando el relativo a la situación laboral que es el que funciona ahora para las prestaciones no contributivas, haciéndola compatible con un empleo y permitiendo que actúe como un complemento salarial hasta que alcance un determinado umbral considerado "salario suficiente". Hoy en día, las prestaciones no contributivas para las personas en situación de exclusión social, asumen parcialmente el papel de lo que sería una renta básica universal. Son parte de las competencias de las Comunidades Autónomas y España están más o menos en la media europea en cuanto a generosidad. Es este un sistema de asistencia dual limitado contando los hogares potencialmente beneficiarios con una prestación que cubre, con carácter general, el riesgo de pobreza y con distintos tipos de subsidios que tratan de cubrir otras contingencias específicas. En realidad, son múltiples sistemas de asistencia, entre otras cosas porque cada comunidad autónoma tiene su propio modelo de ayudas, que varían mucho de una a otra. Además, debe reconocerse que tienen problemas de diseño y que los requisitos para acceder a la misma supongan una barrera para muchos potenciales beneficiarios.

El Tribunal de Cuentas ha certificado hace unos días que la Seguridad Social se encuentra en quiebra técnica o con un patrimonio neto negativo tras perder más de 100.000 millones desde 2010, si se añade el déficit de 2018.

Esta ha sido una semana aciaga. De un lado teníamos la desgracia de perder al profesor Stephen Hawking, al que se recordará por sus enormes contribuciones en el campo de la divulgación científica y de la física de los agujeros negros. Por otro, hemos asistido a un debate monográfico sobre las pensiones en el Congreso que no ha resultado ser sino otra decepcionante ocasión perdida para buscar acuerdos sociales y políticos viables de cómo encarar uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos como sociedad, el de las pensiones.

Partamos de una evidencia que es un hecho básico para la existencia de un sistema de pensiones de reparto: cualquier sistema de es tipo constituye un pacto entre generaciones de manera que la actual paga a los mayores de hoy para que los jóvenes de mañana paguen las pensiones de los primeros. Este contrato social, pilar básico del Estado del bienestar, empieza sin embargo a cuestionarse desde diversos ámbitos, debido a las incertidumbres que se ciernen en torno a nuestro sistema público de pensiones y por los divergentes intereses que muestran los diferentes colectivos (generaciones) involucrados.