Esta ha sido una semana aciaga. De un lado teníamos la desgracia de perder al profesor Stephen Hawking, al que se recordará por sus enormes contribuciones en el campo de la divulgación científica y de la física de los agujeros negros. Por otro, hemos asistido a un debate monográfico sobre las pensiones en el Congreso que no ha resultado ser sino otra decepcionante ocasión perdida para buscar acuerdos sociales y políticos viables de cómo encarar uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos como sociedad, el de las pensiones.
Sería atrevido decir que existen similitudes entre ambos conceptos, agujeros negros y pensiones, pero sin embargo, en lo conceptual no parece que sean tan diferentes. Porque nadie se engaña que la complejidad que entraña tratar de sostener las prestaciones del sistema de pensiones a lo largo de varias generaciones cuando actúan en paralelo fuerzas gravitatorias tan fuertes como la demografía y el envejecimiento, no es tarea fácil.
Debates y propuestas para afrontar los retos del sistema se suceden sin tregua, y al igual que los agujeros negros se lo tragan todo, así sucede con estas. De un teórico debate sobre revalorización de las pensiones, del IPC al Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) o viceversa, se deriva hacia una oferta sólo para las pensiones mínimas, incluidos los complementos a mínimos y de las prestaciones de viudedad y orfandad, eso sí, vinculado a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para este 2018. Y de fondo se perpetúa la incógnita sobre la financiación y la sostenibilidad del modelo, pero además de la suficiencia de las pensiones y el gasto estructural, del debate entre contributividad y solidaridad y, como no, del conflicto intergeneracional, todo ello bajo un ruido de fondo creciente donde intervienen diferentes colectivos, cada uno con su legítimo interés.
Que no haya propuesta concreta sobre la subida de pensiones mínimas no sorprende a nadie. Las ocurrencias suelen ir por delante de las estrategias meditadas a largo plazo. Por eso desconocemos cual pueda ser el potencial coste de esa medida. Alguna pista más tenemos para el incremento teórico propuesto de las pensiones de viudedad y orfandad, gracias a que esa medida fue realmente planteada en el ya lejano 2011 y publicada hace casi siete años en el BOE, donde se instaba al Ejecutivo a elevar la base reguladora de las pensiones de viudedad del 52 al 60 por ciento afectando a un total estimado de 1,12 millones de beneficiarios y con un coste estimado de 1.381 millones anuales a partir de 2019 (ya que la subida se realizaría en tramos anuales). El real decreto que está redactado desde los primeros días de diciembre de 2017, evidentemente sin entrar en vigor y sin ser publicado, condiciona ahora su aplicación a la aprobación de los Presupuestos.
No descubrimos nada cuando afirmamos que las pensiones de viudedad son las más bajas del sistema - la prestación media de las beneficiarias es de 652 euros mensuales en 2017- y que en su mayoría necesitan del complemento a mínimos. Si a ese coste, unos 21.300 millones de euros, le sumamos el gasto total de las prestaciones de orfandad que fue de 1.830 millones de euros en 2017, recibida por 340.000 personas menores de 25 años, llegaremos a otro de los debates abiertos. El de que estas pensiones puedan cambiar de fuente de financiación, pasando de las cotizaciones sociales a los impuestos. Cargar contra impuestos, en vez de contra las cotizaciones, las pensiones de viudedad y orfandad no es ninguna novedad. Lleva años encima de la mesa. Significa financiar con impuestos estas prestaciones (y otras como las de maternidad y paternidad), para dedicar estrictamente las cotizaciones a las de jubilación o incapacidad contributivas. Dado el déficit anual del sistema en el entorno de 10.000 millones de euros, parecen medidas lógicas para taponar ese agujero. Otra discusión es cuál es la naturaleza real de todas esas prestaciones, pero ese es otro debate (que no debe dejarse de lado).
Aliviar las cargas del sistema significa a su vez traspasar el problema a los Presupuestos, al déficit, a los impuestos. Estar dentro de Europa exige cumplir el compromiso adquirido con Bruselas de reducir el déficit público por lo que habrá que plantearse a su vez cuáles deben ser las prioridades del gasto en función de los recursos. Ello puede significar subidas de impuestos o recortes adicionales de gastos. ¿Una mayor presión fiscal sobre el contribuyente medio? ¿Se eliminan los beneficios fiscales de los planes privados de pensiones? En resumen, un sinfín de decisiones económicas, muchas de ellas contradictorias y/o excluyentes.
¿Cuál parece ser la deriva del sistema de pensiones? Se camina hacia un modelo que incrementará las pensiones más bajas del sistema, tendiendo a equipararse con el resto. Es decir, se refuerza el componente solidario y se debilita el contributivo. Más cuando el previsible destope de las bases máximas de cotización por la necesidad de más recursos se hará inevitable. ¿Y si fuera así, se pondría en entredicho la actual estructura del sistema de reparto y, por ende, la relación entre contribución y prestación? La enorme complejidad del sistema de reparto exige una profunda reflexión, sin hacernos falsos planteamientos, porque como decía Stephen Hawking "el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento".
