El pasado 1 de enero de 2014 entró en vigor la nueva fórmula de revalorización de las pensiones, una de las medidas que mayor trascendencia tiene en la evolución de los gastos del sistema a largo plazo.
A raíz de ese momento se dejó de vincular la revalorización de las pensiones a la inflación para pasar a hacerlo a un nuevo índice vinculado a los ingresos y gastos del sistema, al número de pensionistas y a la pensión media y que además queda constreñido a unos límites mínimos y máximos de manera que no puede resultar inferior al 0,25% ni superior a la variación del IPC en el periodo anual anterior a diciembre del año de referencia, más 0,50%.
¿Y el poder adquisitivo?
Con esta medida se modificó la regla que tenía como finalidad esencial el mantenimiento íntegro de las pensiones, mediante su actualización automática en base al índice de precios al consumo, estableciéndose un IR automático previsto en cada correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Al desvincular la revalorización de las pensiones del crecimiento de los precios, el nuevo marco normativo no garantiza en todo momento el mantenimiento del poder de compra de los ingresos tras la jubilación, de modo que, dependiendo de la evolución de la inflación, la pensión puede verse mermada en términos reales.
Esta medida, junto a la introducción del factor de sostenibilidad en 2019, han sido las fórmulas elegidas por el legislador para tratar de contener el incremento del gasto en pensiones y el agravamiento de la situación financiera de la Seguridad Social por la aparición de déficit continuos del sistema contributivo generados estos últimos años, que ha hecho además necesario realizar repetidas disposiciones del Fondo de Reserva para poder garantizar el abono ordinario y extraordinario de las pensiones.
Recordemos que el informe anual del fondo, entregado este pasado lunes al Congreso, confirma que sólo quedan 41.634 millones en la hucha lo que significa que en los últimos tres años se ha gastado un 38% del fondo. En la actualización de 2014 y 2015 ha operado directamente el mínimo del 0,25% ya que el Ministerio se limitó a anunciar que el resultado de la fórmula de actualización era negativo, fórmula compleja que depende principalmente de las estimaciones que se realicen de dos componentes: de un lado, del resultado de restar al incremento de los ingresos del sistema -cotizaciones- tanto el incremento del número de pensiones como el incremento de la pensión media; de otro, de la evolución de los ingresos y gastos del sistema.
El envejecimiento, un problema estructural
Dado que las estimaciones hechas señalan que el sistema de pensiones seguirá en déficit hasta al menos el año 2020, aunque vaya paulatinamente disminuyendo, el resultado del índice de revalorización será negativo lo que llevará a que la actualización anual será en los años siguientes, del 0,25%.
La escasa polémica que, por otra parte, ha suscitado entre los pensionistas su introducción y puesta en marcha se explica principalmente por el comportamiento de los precios en los dos últimos años. Aunque en el año 2013 los pensionistas perdieron poder adquisitivo en términos reales de un 1,15% porque la inflación subió un 1,40% y las pensiones se incrementaron un 0,25%, en cambio, en 2014, el resultado de un IPC negativo del 0,20% y la subida nominal de las pensiones del 0,25%, hizo que se revalorizaran en un 0,45%. Sin embargo, si tomamos estos dos años en conjunto, la pérdida adquisitiva de los pensionistas ha sido del 0,70%.
Parece realista considerar que la inflación no puede seguir en tasas negativas durante tiempo indefinido, por lo que el escenario más probable de los próximos años será una cuasi-congelación sistemática de las prestaciones. No parece arriesgado pensar que una congelación plurianual, por impopular que sea, será socialmente mucho mejor aceptada que una rebaja directa de las pensiones. Probablemente los futuros jubilados verán reducida, por tanto, el poder de compra de sus pensiones, es decir, la tasa de reposición, que es la relación entre la pensión media y el salario medio.
A pesar de esta pequeña tregua gracias al comportamiento de la inflación, y si bien esta reforma reducirá en parte el ritmo de crecimiento del gasto del sistema de pensiones y, por ende, el desequilibrio presupuestario, el problema de las pensiones sigue siendo estructural por el envejecimiento de la población, problema demográfico grave que la población ha de comprender para aceptar el ajuste que viene y sus consecuencias.
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