En las últimas semanas no dejan de sucederse una tras otra propuestas desde las formaciones políticas sobre cómo mejorar el sistema de pensiones público, una de las piedras angulares del Estado de bienestar español, y que desde 2011 afronta una situación muy complicada ya que los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos generados, lo que le lleva a acumular un déficit de 18.000 millones de euros a cierre de 2017.
Se debe ser crítico con respecto a toda esta batería de anuncios de las formaciones políticas en materia de pensiones que busca principalmente seducir a parte del electorado. Desde que la comisión permanente del Pacto de Toledo retomara las sesiones para revisar y ajustar de nuevo el sistema, un sinfín de ocurrencias han venido llenando páginas de periódicos y tertulias de televisión, propuestas que, en algunos casos, podrían calificarse como propagandísticas. Es necesario que la discusión se plantee donde corresponde, en el escenario adecuado, con un objetivo principal, el de tranquilizar a los trabajadores y jubilados sobre la viabilidad de nuestro sistema público de pensiones, que vive unos años de oscuras incertidumbres.
No debe olvidarse que las costuras del sistema de pensiones están en revisión desde que empezó esta década. Sin embargo, las reformas de 2011 y 2013 se están mostrando insuficientes para mantener las prestaciones de un modelo de reparto que chirría claramente con la deriva demográfica española ya que, aún tratando de limitar el crecimiento del gasto no logran evitar el agujero de financiación que se genera año tras año. De ahí que se vayan acumulando las propuestas para seguir reformando, o mejor dicho parcheando el sistema, antes de que incluso medidas de la reforma de 2013 hayan entrado ni siquiera en vigor, como es el caso del factor de sostenibilidad.
La última propuesta del Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular en el Pacto de Toledo pasa por ampliar voluntariamente el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral. Estos trabajadores tendrían que haber cotizado como mínimo el número de años que se exigen para percibir el cien por cien de la pensión (38 años y seis meses a partir de 2027) y podrían descartar un máximo de cinco años de peores cotizaciones. Sólo aplicaría para aquellos trabajadores que se jubilaran a la edad legal. La propuesta se dirige para afrontar un problema concreto; la de aquellos trabajadores que tengan largas carreras de cotización y sean expulsados del mercado laboral en la antesala de la jubilación, pero no responde a los desequilibrios estructurales del sistema. Detrás de esta medida -que parece razonable y justa al evitar penalizar a trabajadores que a partir de cierta edad han sido despedidos, o han sufrido recorte de sueldo o han tenido que hacerse autónomos y sus cotizaciones se han reducido, y que en consecuencia, tendría un coste para las arcas públicas, pues persigue una mejora de las prestaciones- se persigue realmente otro objetivo: ampliar el periodo de los últimos 25 años con los que se calcularán las pensiones a partir de 2022 para todos los trabajadores, hasta un mínimo de 30, y con ello afrontar el recorte de las prestaciones y por tanto del gasto del sistema al tener en cuenta, de cara a las futuras prestaciones, salarios más antiguos.
Lo que también se derivaría de esta medida sería un reforzamiento de la contributividad del sistema al vincular la prestación a un mayor número de años cotizados. Pero probablemente esto quede diluido por la aplicación de otras medidas que buscan mejorar la financiación del sistema y que entran en el capítulo de propuestas de carácter solidario. Por ejemplo, la propuesta realizada desde las filas socialistas de financiar las pensiones con impuestos a la banca, es decir, impuestos de carácter finalista a la manera francesa. También se ha planteado un destope de bases máximas de cotización que está encima de la mesa del Pacto de Toledo y que supondría un incremento de la cotización de en torno a 8.600 millones de euros, según los cálculos realizados por CCOO. Esta eliminación del límite de la base máxima de cotización llevaría de la mano también un aumento de la pensión máxima, pero no su destope, y con un decalaje temporal, lo que tendría un efecto claramente positivo sobre las arcas del sistema. Evidentemente el peso de esta propuesta recaería en aquellos trabajadores que cotizan en base máxima y en mayor medida en las empresas, en las que su cotización por contingencias comunes está situada en el 23,6% de la cuantía del salario que comenzaría a cotizar, lo que tendría un efecto negativo sobre el empleo y el ahorro. En todo caso para que prospere cualquiera de ellas, los diputados del Pacto de Toledo deberán incluirlo en las futuras recomendaciones, que a su vez tendrán que ser discutidas con los agentes sociales y aprobadas, en último término, en el Parlamento.
Este conflicto entre contributividad y solidaridad es uno de los grandes debates encubiertos que afecta al diseño del modelo. Parece que las fórmulas planteadas para aumentar la financiación del sistema son medidas que refuerzan el carácter solidario pero que cuestionan el mandato del Pacto de Toledo para reforzar la relación entre esfuerzo de cotización y prestación. Quizá vaya siendo hora de reflexionar sobre el modelo en su conjunto para evitar reformarlo cada tres o cinco años.
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