El abuso de entidades financieras hacia los ciudadanos sigue siendo objeto de lucha diaria para los juzgados y los despachos de abogados especializados en la defensa del consumidor. Un abuso que ya supera y excede todos los límites imaginables, especialmente, en el caso de las tarjetas revolving. Y es que, desde hace años, este tipo de entidades utilizan una estrategia de desgaste en la que fuerzan y obligan al consumidor a tener que acudir a la vía judicial como único recurso, en casos muy claros que se pueden resolver por la vía amistosa, dada la actual jurisprudencia del TJUE y del Tribunal Supremo. Todo, con el objetivo de saturar los juzgados, dilatar los procesos y, con ello, conseguir retrasar los pagos que corresponden a los consumidores a efectos de una presumible nulidad contractual por falta de transparencia y/o usura en los contratos. Una mala praxis que, por desgracia, vemos en el día a día y que suma, todavía más, un grado alto de indefensión del ciudadano contra la banca.