La industria europea se enfrenta en la actualidad a un gigantesco proceso de transformación, que presenta dos vectores principales: la transición energética y la digitalización. Son, precisamente, las dos prioridades anunciadas hace unos días por Ursula von der Leyen, al inicio de su mandato como presidenta de la Comisión Europea. La primera ha de ser una transición justa e inclusiva, y ha de conducirnos a la neutralidad climática en 2050; los compromisos en materia de reducción de emisiones ya están introduciendo cambios en la industria, como la regulación de la futura movilidad o los desarrollos de nuevos sectores vinculados al almacenamiento de la energía. La segunda, la industria 4.0 -resultante de la convergencia de tecnologías como la manufactura aditiva (3D) o la robótica colaborativa- está cambiando a gran velocidad productos (sensorizados e inteligentes), procesos (personalización masiva) y modelos de negocio (de vender coches, a vender kilómetros).

Durante las últimas semanas, hemos asistido a un intenso debate con respecto a la continuidad de la tecnología diésel o a la fiscalidad de los vehículos, que ha coincidido en el tiempo con la entrada en vigor, a partir del próximo 1 de septiembre, del nuevo modelo de ensayo para la medición de las emisiones contaminantes de los vehículos, conocido técnicamente como WLTP. Todo ello, ha contribuido a la generación de cierta incertidumbre en la industria del automóvil y, sobre todo, en la sociedad española.