El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña ha rectificado la primera sentencia que declaraba nulo por discriminatorio el despido de un trabajador que se encontraba en situación de incapacidad temporal y, en su lugar, ha decretado la improcedencia del cese. El fallo impugnado es el dictado por el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona el 23 de diciembre de 2016 que, en aplicación de la jurisprudencia europea, consideraba que una baja de duración incierta podía equipararse con una discapacidad duradera.

El plus de antigüedad y el de mejora personal son compensables o absorbibles, tal y como determina el Tribunal Supremo (TS), en una sentencia que rechaza el recurso de un trabajador contra la decisión de su empresa de neutralizar un complemento con el otro. La resolución razona que se trata de conceptos que no obedecen "a condiciones de trabajo singulares", sino que, por el contrario, son de naturaleza personal y, por tanto, son "homogéneos".

Los fallos en el sistema de comunicaciones Lexnet han agitado el último día hábil en los juzgados antes del parón de agosto. La suspensión anunciada el pasado viernes, y que se prolongó hasta el domingo por la noche, ya hacía prever una jornada complicada, con riesgo de que se produjera una avalancha de notificaciones y escritos de última hora. A ello hay que sumar la caída de unos 15 minutos de la red que se produjo ayer a mediodía y la lentitud con la que estuvo funcionando en otros momentos del día, circunstancias que provocaron un nuevo aluvión de quejas de abogados y procuradores a través de las redes sociales.

Como punto de partida habría que destacar que hay un gran número de empresas que están sometidas a las exigencias de la Ley 19/2013 de Transparencia y no lo saben. El artículo 3.2 de la norma determina que son sujetos obligados a la misma las entidades privadas que perciban, durante todo el año, ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros, o cuando al menos el 40% de sus ingresos anuales tengan el mismo origen, siempre que alcancen como mínimo la cantidad del 5.000 euros.

La Fiscalía General del Estado ha publicado la Circular 1/2017, que ofrece los criterios para interpretar el 183 quarter del Código Penal, artículo que contiene una exención de responsabilidad para quien mantenga relaciones con un menor sin capacidad de consentimiento sexual, siempre y cuando exista proximidad en edad y grado de desarrollo y madurez entre ambos.