Como punto de partida habría que destacar que hay un gran número de empresas que están sometidas a las exigencias de la Ley 19/2013 de Transparencia y no lo saben. El artículo 3.2 de la norma determina que son sujetos obligados a la misma las entidades privadas que perciban, durante todo el año, ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros, o cuando al menos el 40% de sus ingresos anuales tengan el mismo origen, siempre que alcancen como mínimo la cantidad del 5.000 euros.
Este hecho condiciona los resultados del estudio elaborado por Transparencia Internacional, que revela un alto incumplimiento de las compañías de sus obligaciones de publicidad activa.
"Utilizar el segundo criterio -el del 40% de los ingresos- es mucho más complicado porque necesitaríamos los informes de cada una de las empresas, así que elaboramos el estudio en base al primero", explica César Cruz, autor del informe Ley de Transparencia y grandes empresas en España, que analiza la implementación de la norma en el sector privado en los años 2016 y 2017.
67 obligadas, 2 cumplidoras
El informe analiza un conjunto de 67 empresas cotizadas. Al ofrecer la Ley de Transparencia un criterio temporal -las ayudas del año anterior-, el número de sujetos obligados identificados fluctúa: en 2016 fueron 19, y en 2017, 25, lo que representa el 28 y el 37%, respectivamente.
En relación al nivel de cumplimiento, en 2016 solo dos empresas cumplieron con los requisitos de la Ley. Una de ellas se encontraba obligada de acuerdo con el artículo 3.2, mientras que la otra, al no haber superado los 100.000 euros en ayudas, lo hizo de manera voluntaria. En 2017, por su parte, solo dos de las 25 obligadas cumplieron con la norma.
Para identificar qué empresas debían cumplir con la Ley de Transparencia, la ONG acudió al Portal del Sistema Nacional de Publicidad sobre Subvenciones puesta en marcha en su versión actual en enero de 2016. En la determinación del montante actual, la investigación no ha distinguido entre tipos de ayudas.
Uno de los elementos que se destaca en el informe es la discontinuidad en el tiempo de la obligación de publicidad en las empresas, al depender de las subvenciones recibidas el año anterior. En ese sentido, de las 67 empresas seleccionadas, solo 12 recibieron más de 100.000 euros en los dos años anteriores. "La discontinuidad es un problema", señala Cruz, quien precisa que produce confusión o una laxa observancia de la ley.
Otra circunstancia reseñable es que las empresas tienen voluntad de publicar información, aunque mal enfocada. De hecho, un 25% de las compañías seleccionadas llevan a cabo acciones de transparencia en los distintos frentes o áreas de trabajo.
El documento incluye un catálogo de recomendaciones para mejorar estos datos, entre ellas publicar un listado de empresas obligadas a cumplir la ley y que el Reglamento de la Ley desgrane los deberes del sector privado.
