El Tribunal Supremo (TS) admite que el cliente de un contrato de suministro bajo la modalidad just in time tenga que hacerse cargo del coste del stock del producto y los materiales del suministrador, en caso de resolución unilateral del contrato. Ello aunque no exista pacto en tal sentido, siempre que así se deduzca del principio de buena fe o de la integración del contrato, tal y como se determina en una sentencia de 5 de octubre.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, exigió ayer que se aborde la conversión en indefinidos de los empleados interinos. Esta es una de las demandas que, según comunicó ayer la organización, planteará al recientemente reelegido ministro de Justicia, Rafael Catalá, junto con la mejora de los medios, las condiciones de trabajo y las plantillas.
Una situación de grave crisis económica, con riesgo para el sistema financiero, justifica que un Estado imponga a una entidad bancaria su recapitalización, en contra incluso de su Junta General. Así lo determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una sentencia publicada ayer, en la que avala una decisión adoptada por Irlanda "con el fin de evitar un riesgo sistémico y garantizar la estabilidad financiera de la Unión Europea".
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado sábado el Real Decreto por el que se cesa a Consuelo Madrigal como fiscal general del Estado. Un texto en el que se le agradecen los servicios prestados en los menos de dos años en los que ha ejercido el cargo.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado una actualización de la Guía para la práctica de la Mediación Intrajudicial, un sistema de resolución de conflictos que se inserta dentro del proceso y se desarrolla bajo control judicial y con respecto a las reglas y garantías del mismo.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido a impulsar las reformas necesarias para eliminar cualquier sombra de duda de politización de la Justicia. Entre ellas, revisar el sistema de elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), tal y como aseveró ayer durante su toma de posesión, celebrada en la sede del Ministerio.
Los sectores intensivos en derechos de propiedad intelectual (DPI) aportan a la economía de la Unión Europea (UE) uno de cada tres empleos y más del 40% del PIB. Así lo determina un informe elaborado por la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (Euipo) y la Oficina Europea de Patentes (OEP), que analiza el impacto de las empresas de este ámbito durante el periodo 2011-2013.
El tiempo invertido por un trabajador en rellenar el parte de justificación de una ausencia a su puesto de trabajo, cuando éste deba realizarse a través de un programa informático o una aplicación, tiene la consideración de tiempo efectivo de trabajo. Por lo tanto, la empresa no puede obligar al empleado a justificar las ausencias fuera de la jornada laboral, tal y como determina el Audiencia Nacional (AN).
La carga de trabajo de los órganos judiciales también es un elemento de gran preocupación para los jueces decanos, que consideran especialmente urgente la situación de los juzgados de lo Mercantil, de Primera Instancia y de lo Social. En todos los ámbitos, más del 90 por ciento de los juzgados supera el 150 por ciento del indicador de entrada adecuada de asuntos fijado por el Consejo del Poder Judicial (CGPJ).
Los jueces decanos exigen la adopción de medidas para reforzar la independencia del poder judicial ante el resto de poderes del Estado, así como para eliminar la percepción ciudadana de politización de la Justicia. Así lo aseveran las Conclusiones de las XXVI Jornadas de Jueces y Juezas Decanos de España, un encuentro celebrado entre el 24 y 26 de octubre en Málaga.