Los jueces decanos exigen la adopción de medidas para reforzar la independencia del poder judicial ante el resto de poderes del Estado, así como para eliminar la percepción ciudadana de politización de la Justicia. Así lo aseveran las Conclusiones de las XXVI Jornadas de Jueces y Juezas Decanos de España, un encuentro celebrado entre el 24 y 26 de octubre en Málaga.
El escrito arremete con dureza contra la ?escasa apuesta institucional? por la Justicia y exige a los partidos políticos un Pacto de Estado que dote al sistema de medios y mejore la agilidad y la eficiencia de los procedimientos. También reprocha a "las nuevas formas de entender la política" que pongan en cuestión ante al opinión pública de manera permanente "la legitimidad de las instituciones y ciertas resoluciones judiciales".
Elección del CGPJ
Los jueces decanos se suman a la petición de un nuevo sistema de elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) que "quede al margen de cualquier tipo de influencia política". El actual, aseveran, "está resultando muy perjudicial para la imagen de los jueces y su independencia". En su lugar, apuestan por que los miembros del organismo sean elegidos por los propios jueces en votación directa y no por las Cortes Generales.
El documento también aboga por la elección directa de los presidentes de los Tribunales por parte de los propios jueces y magistrados frente la "designación discrecional" actual.
Asimismo, entre las demandas, se incluye dotar de mayor independencia económica al CGPJ, al que se exige mayor contundencia ante los ataques que sufren los jueces.
Lucha contra la corrupción
En relación a la persecución de las prácticas irregulares, los magistrados consideran fundamental zanjar el debate sobre la incidencia de la imputación de los cargos públicos -calificación modificada a la de investigado-. Según aseveran, la "indefinición" de esta figura "genera mucha confusión y debates estériles, pero muy dañinos".
El escrito también propone reducir los aforamientos y reformar la "obsoleta" regulación del indulto a favor de un modelo en que deba ser siempre motivado y requerir, al menos, el informe favorable del tribunal sentenciador.
Otras de las reclamaciones que contiene -de especial vigencia, dada la presencia de jueces en las listas de los partidos en las últimas convocatorias electorales-, es la de limitar las puertas giratorias entre la judicatura y la política, y viceversa. Una práctica que, "aunque poco frecuente, provoca un indudable daño a la imagen de independencia e imparcialidad".
Por último, en este apartado, los jueces se muestran partidarios de eliminar los nombramientos de magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia a propuesta de los Parlamentos autonómicos. No sólo por ser una "rechazable forma de designación política", explica el texto, sino también porque los políticos autonómicos, al estar aforados, serían potencialmente juzgados por esos magistrados.
"Reinos de taifa"
Las Conclusiones se muestran muy críticas con el papel de las comunidades autónomas en la Administración de Justicia y reclama redefinir sus competencias, "ya que frecuentemente actúan como auténticos reinos de taifa con una descoordinación absoluta".
Los jueces decanos exigen poner fin a la fragmentación de los centros de decisión y al "frecuente incumplimiento" de las comunidades autónomas de su obligación de dotar de medios suficientes a los tribunales.
"La situación de los juzgados es muy lamentable en algunas comunidades", describe el documento, y "en cuanto a la modernización judicial ni están ni se les espera". Además, apunta a que continúa la "triste e incomprensible" incompatibilidad de los distintos sistemas informáticos autonómicos.
Por todo ello demandan un único modelo de organización nacional que ponga fin a las desigualdades entre territorios.
Expediente digital
El documento, por último, si bien considera como deseable el avance hacia el papel cero en la Justicia, lamenta que se haya hecho "sin previsión, sin inversión, de forma incompleta, con precipitación e improvisación". Por ello, reclaman al CGPJ la creación de una oficina de coordinación informática a la que los jueces puedan destinar sus quejas y sugerencias, "ya que el Ministerio no tiene en cuenta ninguna de ellas", aseveran.