El Tribunal Supremo (TS) establece que la demanda por la que se solicita indemnización tras un despido por daños morales derivados de una vulneración de derechos fundamentales debe expresar con claridad los hechos constitutivos de la vulneración y la cuantía de la indemnización pretendida especificando los diversos daños y perjuicios.
Sin embargo, el TS permite usar criterios fijados en la Ley si es difícil acreditarlo
El Consejo de Ministros aprobó el viernes el Real Decreto-ley en Materia de Divulgación de Información no Financiera que supone la trasposición de la normativa europea al marco jurídico español. El Decreto obliga a las grandes empresas y grupos empresariales a informar de aspectos sociales, diversidad, medioambientales, respeto a los derechos humanos y lucha contra la corrupción dentro del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales. Además, modifica el Código de Comercio y el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas. La información tendrá que hacer referencia a medidas adoptadas para promover la igualdad de género, condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto de los derechos sindicales, la seguridad en el lugar de trabajo y las medidas de diálogo y protección con las comunidades locales.
El mercado de insolvencia británico es cinco veces mayor
La Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) apuesta por algunos aspectos recogidos en el sistema concursal británico que serían equiparables al español.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establece que "la prohibición de prácticas abusivas en el ámbito del IVA es aplicable con independencia de que exista o no una normativa nacional que la incorpore al ordenamiento jurídico de los Estados miembros". En este sentido, la sentencia, dictada ayer, apunta que la prohibición de prácticas abusivas en materia de IVA "es un principio general del Derecho de la Unión que no requiere ninguna medida de transposición nacional".
El Tribunal Supremo ha establecido que el Régimen General de la Seguridad Social es discriminatorio entre los religiosos católicos y los del resto de confesiones. De este modo, iguala la cotización de estos representantes de las diferentes religiones. La sentencia, adelantada ayer por el Supremo, destaca que "existe un trato discriminatorio que vulnera el principio de igualdad reconocido por el artículo 14 de la Constitución española y el mismo artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos de prohibir la discriminación".
El Tribunal Supremo ha establecido que el Régimen General de la Seguridad Social es discriminatorio entre los religiosos católicos y los del resto de confesiones. De este modo, iguala la cotización de estos representantes de las diferentes religiones. La sentencia, adelantada ayer por el Supremo, destaca que "existe un trato discriminatorio que vulnera el principio de igualdad reconocido por el artículo 14 de la Constitución española y el mismo artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos de prohibir la discriminación".