El Consejo de Ministros aprobó el viernes el Real Decreto-ley en Materia de Divulgación de Información no Financiera que supone la trasposición de la normativa europea al marco jurídico español. El Decreto obliga a las grandes empresas y grupos empresariales a informar de aspectos sociales, diversidad, medioambientales, respeto a los derechos humanos y lucha contra la corrupción dentro del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales. Además, modifica el Código de Comercio y el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas. La información tendrá que hacer referencia a medidas adoptadas para promover la igualdad de género, condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto de los derechos sindicales, la seguridad en el lugar de trabajo y las medidas de diálogo y protección con las comunidades locales.
Respecto a cuestiones medioambientales, las empresas tendrán que informar sobre los efectos actuales y previsibles de sus actividades en el medio ambiente, salud y seguridad, uso de la energía, emisiones de gases de efecto invernadero, consumo del agua y contaminación atmosférica.
En materia de derechos humanos, se debe informar sobre impactos potenciales y reales de la actividad de la empresa, así como sobre la forma de impedir abusos y las medidas para mitigarlos, gestionarlos y repararlos. Para luchar contra la corrupción y el soborno, deberán incluir información sobre procedimientos y recursos de control interno dedicados a prevenir estas conductas.
Los cambios normativos afectan a empresas grandes consideradas entidades de interés público cuyo número medio de trabajadores durante el ejercicio sea superior a 500.
Asimismo, todas las partidas del activo deben ser superiores a 20 millones de euros, y que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los 40 millones de euros.