La Comisión Europea acaba de publicar hace unos días una comunicación o directriz sobre la protección al inversor, en la que afirma textualmente que "todas las cláusulas de arbitraje en los tratados bilaterales de inversión entre países de la UE son inaplicables y cualquier tribunal de arbitraje establecido sobre la base de esas cláusulas carece de jurisdicción".
El fondo de inversión Masdar, del emirato de Abu Dabi, acaba de ganar el arbitraje que planteó contra España en el Ciadi del Banco Mundial por el recorte a la retribución a los productores de energías renovables. El laudo es el primero que llega tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que invalida este tipo de arbitrajes, junto con la decisión de la Comisión Europea C (2017) 7384, que estipula que cualquier compensación que un tribunal arbitral otorgue a un inversor por la rebaja del sistema retributivo aplicada en 2013 y 2014 constituirá una ayuda de Estado, que deberá serle notificada.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen a nuestro ordenamiento las Directivas Comunitarias 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, entra en vigor hoy, 9 de marzo. La transposición debió de haberse hecho antes del 18 de abril de 2016.
El Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al Ordenamiento jurídico español las Directivas, 2014/23/UE y 2014/24/UE, se encuentra, actualmente, en debate de totalidad desde el pasado 6 de febrero, en el Congreso de los Diputados, tras haber sido clasificada su tramitación como Competencia Legislativa Plena y Urgente. Lo previsible es que hasta mayo-junio de este año no tengamos nueva Ley de Contratos del Sector Público.