Recaredo del Potro, presidente de Escal, gestora del almacén Castor, desvinculó su actividad de los más de 500 terremotos que se produjeron en la zona en los meses en los que se inyectó el gas, que atribuye a "una coincidencia en el tiempo". En su declaración ante el juez que instruye el 'caso Castor', Del Potro vinculó los temblores "a la sismicidad natural"de la zona, rechazando los estudios del Instituto Geológico Minero (IGM) que consideran responsable al Castor. La propia Escal -en la que ACS es accionista mayoritario- reconoció, en 2014, la posible vinculación.

El Gobierno valenciano ha abierto un nuevo capítulo en su enfrentamiento con las concesionarias de servicios sanitarios, las resonancias y los centros educativos concertados, al encargar al órgano fiscalizador del sector público autonómico, la Intervención de la Generalitat, "controles específicos de carácter financiero" sobre estas empresas.

Intu-Eurofund Investments, promotora del complejo comercial Puerto Mediterráneo Shopping Resort, sigue buscando apoyos al desarrollo de su proyecto, que cuenta con la oposición frontal (y pública) de la Generalitat Valenciana, a pesar de su avanzado estado de tramitación. La compañía ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial Táctica (Adet) con el objetivo de dinamizar el comercio de la zona. Este convenio se suma al que rubricó, hace un mes, con la Comunidad de Propietarios del Polígono Fuente del Jarro (Asivalco), por el que se compromete a dinamizar la actividad económica de este polígono, que tiene más de 400 empresas asociadas. Además, Intu-Eurofund Investments se ha incorporado como empresa directamente asociada a la patronal de la provincia de Valencia (CEV).

La zona franca de Alicante defendida por la Diputación provincial requeriría de una inversión de 27 millones de euros y supondría la generación unos 14.836 empleos en diez años, con una facturación anual de 1.225 millones de euros, según un informe del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca). Por ello, Ineca considera que "la zona franca como elemento central para impulsar la provincia de Alicante como territorio inteligente y atractivo para la inversión nacional e internacional" y que la inversión podría ser subvencionada por el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, la Diputación y la Unión Europea.

El Juzgado de Instrucción 2 de Valencia, que investiga presuntas irregularidades cometidas en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 que se celebró en Valencia, ha estimado la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha citado a declarar a trece personas en calidad de testigos, que acudirán en enero y febrero. Entre los citados, figuran el expresidente de la Generalitat Valenciana y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, el empresario Fernando Roig, el piloto Adrián Campos y varios exaltos cargos del Gobierno de Camps y empresarios. En esta causa, que se inició por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, se investigan presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.