Recaredo del Potro, presidente de Escal, gestora del almacén Castor, desvinculó su actividad de los más de 500 terremotos que se produjeron en la zona en los meses en los que se inyectó el gas, que atribuye a "una coincidencia en el tiempo". En su declaración ante el juez que instruye el 'caso Castor', Del Potro vinculó los temblores "a la sismicidad natural"de la zona, rechazando los estudios del Instituto Geológico Minero (IGM) que consideran responsable al Castor. La propia Escal -en la que ACS es accionista mayoritario- reconoció, en 2014, la posible vinculación.
Según fuentes jurídicas, el ejecutivo afirmó que Escal hizo los estudios sismológicos "de forma exhaustiva", si bien sólo sobre la falla Amposta, ya que, en ese momento, se desconocía que había otras en la zona -en referencia a la conocida ahora como falla Castor-. Subrayó que se informó en todo momento al Ministerio de Industria y a la Red Nacional de Alerta Sísmica, que estimó que, por su magnitud, los seísmos no suponían el "mínimo riesgo" para las personas.
"Se acabó el gas"
En esta línea, dijo que el 16 de septiembre de 2013, se paró la actividad de Castor, no porque recibiese órdenes de Industria, sino porque "se acabó el gas", "como estaba programado".
Del Potro es el primero de los responsables de Escal en declarar como imputado en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Vinarós (Castellón) por las presuntas irregularidades en la concesión del Castor y delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente. Hoy lo hará el consejero delegado de este grupo, José Luis Martínez Dalmau.
La Fiscalía no descarta que pueda ampliarse el número de imputados en el caso, fijado ahora en 18 personas, vinculadas a la concesión y construcción de la planta, entre responsables de la empresa promotora (integrada por ACS y Escal), del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria.
Industria encargó a Enagás la gestión de la hibernación del almacén, tras la renuncia de Escal. Enagás explicó ayer que está ultimando el proceso de hibernación del Castor, como le encargó Industria. Indicó que ya ha procedido a extraer la totalidad del gas y está avanzando en el sellado.
Demanda contra la indemnización
La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, integrada por afectados por los terremotos, anunció que pedirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia "la suspensión de los efectos perjudiciales de la entrada en vigor de la repercusión tarifaria que impone en Real Decreto de indemnización a favor del Castor y de Escal". El Estado acordó indemnizar con 1.350 millones de euros a la concesionaria por la suspensión del proyecto.
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