El director del Departamento de Geología y Geofísica del Instituto Geológico y Minero (IGM), Roberto Rodríguez, miembro del equipo que elaboró el informe que avaló la explotación del almacén de gas Castor, afirmó ayer que, según la información de los mapas sísmicos en los que se basó su valoración, la zona era de "muy bajo riesgo sísmico", por lo que consideraron que no existía peligro.
Rodríguez admitió que ni él ni sus compañeros del IGM eran expertos en inyecciones de gas, por lo que no podían evaluar sus efectos, si bien eran conscientes de que este tipo de actividad había tenido como consecuencia, en otros proyectos, la generación de "microseísmos, no dañinos para las personas ni para el medio ambiente", según explicaron fuentes judiciales.
Al igual que los otros dos miembros del IGM ya citados, dijo que se limitaron a avalar la documentación que les había remitido el Ministerio de Industria, elaborada por la concesionaria (formada por ACS y Escal), sin hacer ninguna prueba.
Coincidió con otro de los directivos del IGM, José Antonio Fernández, en que conocía el informe del Observatorio del Ebro en el que se alertaba sobre el alto riesgo de terremotos, si bien no lo tuvieron en cuenta porque "no tenía rigor científico". En esta línea, afirmó que la valoración del Observatorio se centraba en la Falla de Amposta, mientras que los seísmos vinculados a Castor se produjeron por la inyección de gas en una falla que hasta ese momento se desconocía.
Rodríguez declaró como imputado en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Vinarós (Castellón), que investiga las presuntas irregularidades en la concesión de Castor y los posibles delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente derivados de ella, en la que hay 18 imputados. El 2 de noviembre declarará José Pedro Calvo, exdirector general del IGM, y el 3 de noviembre, Jorge Sanz, exdirector general de Política Energética, primer imputado de la Administración citado por el juez.
Industria ordenó, en septiembre de 2013, el cese de actividad de Castor, tras registrarse más de 500 seísmos en su entorno, que el Instituto Geográfico Nacional y el propio IGM vincularon a la planta. Enagás fue elegido administrador del almacén, con el encargo de proceder a su hibernación, tras la renuncia por parte de los gestores, ACS y Escal, a los que el Estado acordó indemnizar con 1.350 millones por la suspensión del proyecto.
