El Consell ha aprobado el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, que, a nivel consolidado -administración general, empresas públicas y otros organismos dependientes-, se cifran en 18.370 millones de euros, un 0,88 por ciento más que los de 2015. Los primeros presupuestos del bipartito se mantienen así en línea con los de la última legislatura bajo gestión del PP, con el objetivo de ajustarse el máximo posible a las obligaciones impuestas por el objetivo de déficit, fijado en el 0,3 por ciento para las autonomías. Eso no significa que PSPV y Compromís renuncien al incremento de las partidas sociales, en el que se basa su programa. Para cubrir este aumento, el Consell se apoya en dos bases: la reducción del pago de intereses por la deuda con el Estado y una transferencia de 1.300 millones de euros del Gobierno central que, no obstante, no está contemplada en los Presupuestos Generales del Estado.

Las Cortes Valencianas han aprobado la proposición de ley que deroga las leyes anteriores que el Gobierno de Alberto Fabra dictó para el cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV), a finales de 2013 y en 2015, con el objetivo de recuperarla "con todas las garantías jurídicas". La proposición ha sumado 52 puntos a favor, de PSPV, Compromís y Podemos, mientras que PP y Ciudadanos han optado por abstenerse.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y la Comisaria Europea de Competencia, Margrethe Vestager, han pactado, en Bruselas, elaborar un nuevo pliego para la Ciudad de la Luz. Puig ha mostrado su satisfacción por regresar con una nueva solución para el complejo audiovisual alicantino. "Se va a elaborar un nuevo pliego que cumpla con la legislación europea con condiciones que mejoren la subasta, con el menor coste posible para los ciudadanos y con el mejor aprovechamiento de estas instalaciones", ha afirmado.

El director del Departamento de Geología y Geofísica del Instituto Geológico y Minero (IGM), Roberto Rodríguez, miembro del equipo que elaboró el informe que avaló la explotación del almacén de gas Castor, afirmó ayer que, según la información de los mapas sísmicos en los que se basó su valoración, la zona era de "muy bajo riesgo sísmico", por lo que consideraron que no existía peligro.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, reafirmó ayer en las Cortes autonómicas su intención de reforzar el control del Ejecutivo valenciano sobre las tres diputaciones provinciales, tanto en lo que se refiere a políticas y estrategias, como en la gestión de sus presupuestos, a través de una reforma de la ley de coordinación, aprobada en 1985, que se abordará en 2016. Puig afirmó que estas instituciones no tienen "legitimidad democrática", porque ésta "sale de las urnas".