El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, reafirmó ayer en las Cortes autonómicas su intención de reforzar el control del Ejecutivo valenciano sobre las tres diputaciones provinciales, tanto en lo que se refiere a políticas y estrategias, como en la gestión de sus presupuestos, a través de una reforma de la ley de coordinación, aprobada en 1985, que se abordará en 2016. Puig afirmó que estas instituciones no tienen "legitimidad democrática", porque ésta "sale de las urnas".
Ante la imposibilidad de abordar su disolución, Puig sugirió que, cuando se aborde la reforma de la Constitución, se dé a cada comunidad autonóma la competencia para "definir su espacio territorial", porque "no se sostienen cuatro niveles de la Administración". "Pero, mientras existan tienen que ayudar a los ayuntamientos y colaborar con la Generalitat", indicó.
La gestión presupuestaria conjunta ha sido una de las prioridades de Puig, que ya la impuso en el plan para la gratuidad de los libros de texto para las familias, que se planteó con un modelo de cofinanciación sin haberlo consultado con las diputaciones.
Se da la circunstancia de que las diputaciones se convirtieron, tras las últimas elecciones, en el último reducto del gran poder que había tenido en la región el Partido Popular, que conserva las de Alicante y Castellón. Los escándalos de corrupción sufridos en los últimos años han salpicado a las tres corporaciones provinciales, cuya supervivencia es cuestionada no sólo por el PSPV, sino también por Compromís, Podemos y Ciudadanos.