El director de Recursos Minerales y Geoambiente del Instituto Geológico y Minero (IGM), José Antonio Fernández, ha admitido en su declaración como imputado ante el juez que investiga el 'caso Castor' que sí conocía el informe del Observatorio del Ebro, del año 2005, en el que se advertía de los riesgos sísmicos de la zona donde se ubica el almacén de gas, según fuentes judiciales. A pesar de ello, el IGM se limitó a aprobar la documentación que les había entregado el Ministerio de Industria, elaborada por la empresa concesionaria, en la que se avalaba la viabilidad medioambiental del proyecto, sin que, según Fernández, se realizase ningún trabajo en terreno ni se recogiesen las advertencias de los informes previos. Aseguró, además, que tampoco se tuvieron en cuenta las diversas alegaciones presentadas en el periodo de consultas del proyecto que alertaban de este riesgo.

Jesús Gómez de las Heras, coordinador del informe realizado en 2007 por el Instituto Geológico Minero, a instancias del Ministerio de Industria, en el que se respaldaba la viabilidad del almacén subterráneo de gas Castor, afirmó que "desconocía por completo" los riesgos sísmicos de la zona donde se construyó la plataforma, puesto que "en los extremos sobre los que debía de versar el informe no se le había planteado esa cuestión", según fuentes judiciales. Gómez de las Heras se pronunció así en su declaración, como imputado, en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Vinarós (Castellón), que investiga las irregularidades en la concesión de la explotación y los presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente derivados de la misma.

La plataforma online de crowdfunding inmobiliario Housers ha cerrado la compra de su primer inmueble en la Comunidad Valenciana, el segundo en toda España. Se trata de un local comercial situado en el barrio del Carmen de Valencia, con 42 metros cuadrados, transacción a la que se han destinado 105.500 euros aportados por 61 inversores. Fuentes de la plataforma explican que su objetivo es captar 300 millones de euros para adquirir más de 1.500 inmuebles en tres años, de los que 36 millones de euros y 180 inmuebles corresponderían a operaciones en la Comunidad Valenciana.

La Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (Redit) advierte que la Comunidad Valenciana está muy lejos de la media española y europea en gasto en I+D+i en relación con el PIB, "situándose a la cola en materia de innovación", lo que afecta negativamente a su competitividad. Por ello, Redit urge al Ejecutivo valenciano a "garantizar el apoyo a la I+D+i a largo plazo, con independencia de los cambios políticos, tal y como ocurre en otras regiones y países europeos, recuperando las inversiones en I+D+i, fortaleciendo el Ivace (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) y apoyando, sin fisuras, la misión de los institutos tecnológicos como organismos tractores de la innovación empresarial".

El Gobierno valenciano ha iniciado la anunciada reforma fiscal con cambios en el Impuesto Sobre el Patrimonio y la revisión e introducción de nuevas tasas vinculadas a servicios administrativos. El conseller de Hacienda y Administración Pública, Vicent Soler, estima que la recaudación se incrementará en 29,11 millones en el primer caso y en 1,9 millones en el segundo. Estas medidas se recogen en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales de Gestión Administrativa (o Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2016), que incluye otras reformas, que suponen la modificación de 16 leyes autonómicas, según explicó Soler.