El director de Recursos Minerales y Geoambiente del Instituto Geológico y Minero (IGM), José Antonio Fernández, ha admitido en su declaración como imputado ante el juez que investiga el 'caso Castor' que sí conocía el informe del Observatorio del Ebro, del año 2005, en el que se advertía de los riesgos sísmicos de la zona donde se ubica el almacén de gas, según fuentes judiciales. A pesar de ello, el IGM se limitó a aprobar la documentación que les había entregado el Ministerio de Industria, elaborada por la empresa concesionaria, en la que se avalaba la viabilidad medioambiental del proyecto, sin que, según Fernández, se realizase ningún trabajo en terreno ni se recogiesen las advertencias de los informes previos. Aseguró, además, que tampoco se tuvieron en cuenta las diversas alegaciones presentadas en el periodo de consultas del proyecto que alertaban de este riesgo.
Fernández se desmarca, así, del coordinador del informe, Jesús Gómez de las Heras, que, el lunes, afirmó que no tenía conocimiento de informes que alertasen del peligro de terremotos.
Según fuentes judiciales, Gómez de las Heras insistió en que "no se les había facilitado testimonios sobre la existencia de riesgos sísmicos derivados de la inyección de gas" en el subsuelo, así como que no tenía constancia de los informes de otros organismos, como el Observatorio del Ebro. Dijo, además, que no sabía si algún técnico del IGM fue a la zona para hacer una evaluación.
Industria ordenó, en septiembre de 2013, el cese de actividad de Castor, tras registrarse más de 500 seísmos que el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero de España vincularon a la planta. Enagás fue elegido administrador del almacén, con el encargo de proceder a su hibernación, tras la renuncia por parte de los gestores, ACS y Escal, a los que el Estado acordó indemnizar con 1.350 millones por la suspensión del proyecto. El Instituto Tecnológico de Massachusetts está realizando un informe sobre la instalación.
El fiscal jefe de Castellón que inició la denuncia que provocó la apertura de la causa, José Luis Cuesta, destacó ayer que "se trata de reconstruir toda la tramitación del proyecto, que ha desembocado en algo que no se debía de haber producido de hacerse de la manera adecuada". Subrayó que su objetivo es dilucidar "la responsabilidad en la que han podido incurrir tanto la Administración como la empresa", y los motivos por los que no se realizó un estudio sobre la sismicidad de la zona, "cuando es algo que se puso de manifiesto en el trámite de información y consultas y, por tanto, debía de haberse completado".
Cuesta no descarta que pueda ampliarse el número de imputados, fijado ahora en 18 personas, vinculadas a la concesión y construcción de la planta, entre responsables de la empresa promotora (integrada por ACS y Escal), del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria. El juez mantiene la condición de imputados de Gómez de las Heras y Fernández, sin medidas cautelares. El jueves está prevista la declaración de otro directivo del IGM.
Unos 20 representantes de la Plataforma Ciutadana en Defensa dels Terres del Sènia anunciaron ayer en el juzgado que pedirán indemnizaciones por "daños morales y algunos físicos" producidos "al territorio y a las personas que habitan en él".
