El Gobierno valenciano ha iniciado la anunciada reforma fiscal con cambios en el Impuesto Sobre el Patrimonio y la revisión e introducción de nuevas tasas vinculadas a servicios administrativos. El conseller de Hacienda y Administración Pública, Vicent Soler, estima que la recaudación se incrementará en 29,11 millones en el primer caso y en 1,9 millones en el segundo. Estas medidas se recogen en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales de Gestión Administrativa (o Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2016), que incluye otras reformas, que suponen la modificación de 16 leyes autonómicas, según explicó Soler.
El Consell pospone la reforma integral del sistema fiscal a 2017, ya que requiere de un "trabajo muy riguroso, para poder hacer un cambio de la estructura", que no se base únicamente en el aumento de impuestos, y que sea "justa y ejemplar". En esta línea, Soler defiende una fiscalidad "con carácter progresivo", y afirma que no se plantea la puesta en marcha de un nuevo impuesto para grandes fortunas.
En el caso del Impuesto Sobre el Patrimonio, Hacienda propone la rebaja del importe mínimo exento de tributación, que pasa de 700.000 a 600.000 euros, lo que supone, en la práctica, sumar 1.832 contribuyentes, según los cálculos de la conselleria. Además, Soler indicó que se crea una tarifa autonómica propia, que supone incrementar el tipo impositivo en torno a un 25%, así como la revisión de los tramos de aplicación, con una mayor escalabilidad, de manera que "paguen más los que tienen más patrimonio familiar, y no las clases medias-altas". Con estos cambios, la comunidad se acerca a los "regímenes tributarios medios", porque, hasta el momento, se encontraba "a la cola", afirma.
El conseller explica que, en total, los contribuyentes obligados a declarar este impuesto son 19.427. Para las personas "con diversidad funcional" el mínimo aplicable en este impuesto se eleva hasta un millón de euros.
Soler ha informado también de que se crean tres nuevas tasas, así como de la actualización de varias más, en algunos casos, por motivos técnicos, "para adaptarlas a la realidad prestacional y coste efectivo de los servicios administrativos". Se aplicarán bonificaciones a las familias monoparentales y a mujeres víctimas de violencia de género, con reducciones de hasta el 50%.
El Consell plantea, asimismo, ampliar hasta el 31 de diciembre de 2016 la vigencia del tipo de devolución del gasóleo profesional para los transportistas, fijado en 48 euros por cada 1.000 litros, aplicable en relación con el tipo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos.
Eliminación de copagos
La Ley de Acompañamiento elimina el copago farmacéutico y ortoprotésico para personas con diversidad funcional, una medida que tendrá un impacto económico de 6,4 millones de euros y 171.780 euros, respectivamente. De la derogación del copago farmacéutico y ortoprotésico se beneficiarán un total de 7.442 menores con diversidad funcional igual o superior al 33% y 76.853 mayores con diversidad funcional igual o superior al 65%.
Además, se deroga completamente el copago para personas mayores y con diversidad funcional en los centros de día y "parcialmente" en centros residenciales. Además, se eliminan las pagas extraordinarias del cómputo de la capacidad económica de los usuarios y se refuerzan las prestaciones económica para cuidadores no profesionales de personas dependientes.
Todas estas medidas implicarán un coste total para la Administración autonómica de en torno a 57 millones de euros, según la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica Oltra.
Oltra ha subrayado que el objetivo es mejorar la autonomía personal y mantener a las personas en su entorno afectivo, de manera que "la residencia sea el último recurso". En esta línea, criticó el que ha denominado "modelo Cotino", cuyo objetivo era, en su opinión, "llenar las residencias sin pensar mucho en qué impacto tiene sobre la situación de dependientes que prefieren estar en su entorno afectivo, conocido y familiar".
Respecto a las personas dependientes pendientes de valorar para proceder a su acceso a las ayudas (cuyo número se estima en unas 45.000), Oltra detalló que los servicios sociales primarios procederán a realizar también este tipo de evaluaciones, para agilizar los procesos y dar soluciones lo antes posible.
Tramitación legislativa
Vicent Soler explicó que la Ley de Acompañamiento comienza ahora el trámite "preparlamentario". El texto tiene que pasar la revisión y dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y del Comité Económico y Social (CES) y, a final de este mes, volverá al Consell para su aprobación definitiva, antes del trámite parlamentario en las Corts.