El que era director general de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria en el año 2006, Jorge Sanz de la Oliva, ha afirmado, ante el juez que investiga el caso Castor, que no se solicitó al Instituto Geológico y Minero (IGM) una evaluación del riesgo sísmico de la zona donde se ubica el almacén de gas, frente a las costas de Castellón, porque, según "toda la documentación de la que se disponía en ese momento", este riesgo "no era destacable", según fuentes jurídicas. Se mantuvo así en línea con lo declarado por los expertos del IGM que elaboraron el informe que avaló el proyecto.
Sanz de la Oliva es el primero de los ex altos cargos del Ministerio de Industria en declarar como imputado en elJuzgado de Instrucción Número 4 de Vinarós (Castellón), que investiga las presuntas irregularidades en la concesión de Castor y los posibles delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente derivados de ella.
Sanz explicó que la competencia del departamento que él dirigía era la evaluación del proyecto desde el punto de vista de la ingeniería -diseño técnico- y la situación geológica del terreno, en la que no se entró en el análisis de la sismicidad. En cuanto al informe de impacto ambiental, señaló que era competencia de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
Indemnización millonaria
Industria ordenó, en septiembre de 2013, el cese de actividad del Castor, tras registrarse más de 500 seísmos en su entorno, que el Instituto Geológico y Minero vinculó a la planta. Enagás fue elegido administrador del almacén, con el encargo de proceder a su hibernación, tras la renuncia por parte de los gestores, ACS y Escal, a los que el Estado acordó indemnizar con 1.350 millones de euros por la suspensión del proyecto.
La Fiscalía no descarta que pueda ampliarse el número de imputados en el caso, fijado ahora en 18 personas, vinculadas a la concesión y construcción de la planta, entre responsables de la empresa promotora (integrada por ACS y Escal), del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria.
