La nueva Ley de Protección de Informantes, que ha entrado en vigor durante la primera quincena de marzo, supone un importante avance hacia la integridad y transparencia en el ámbito empresarial. Esta ley permite, entre otras cosas, a los trabajadores informar de irregularidades en el contexto de su relación laboral sin temor a represalias. Como resultado, se espera que esta medida contribuya a prevenir prácticas fraudulentas y a fomentar un clima de confianza entre el informante y la administración, lo que se traducirá en una mayor transparencia y una cultura de integridad en las empresas.