Un sistema fiscal debe recaudar impuestos para financiar aquellos gastos públicos que correspondan al Estado. En la actualidad, una parte de esos gastos están incluidos en el presupuesto de la Seguridad Social que, aun formando parte de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), no parece razonable que se tengan que financiar con cotizaciones sociales.
Una de las tradicionales reivindicaciones de los empresarios es la elevada cuota que tienen que pagar en concepto de cotización a la Seguridad Social, que en España está en torno al 28% del salario bruto que pagan los empleadores a sus trabajadores. Si analizamos lo que pagan los demás empresarios europeos, y aunque los modelos son muy diferentes, podríamos asumir que la media ponderada de las contribuciones estaría en torno al 20%.