La súbita reaparición de las fronteras nacionales dentro de la Unión Europea a causa de las restricciones a los viajes, las cuarentenas y los requisitos de tests -que difieren según el país- ha puesto de manifiesto la importancia de un derecho que los europeos dan a veces por sentado: la libre circulación de personas. Tanto el Tratado de la UE como el Acuerdo de Schengen, que definen y garantizan este principio básico de la ciudadanía de la UE, permiten restablecer los controles fronterizos por motivos sanitarios. Las restricciones de los derechos de circulación, así como las severas limitaciones internas de los derechos fundamentales, han sido, por supuesto, herramientas para limitar la propagación del Covid-19. Estas políticas se justifican porque cada individuo podría imponer costes posiblemente importantes a otros (externalidades negativas, en la jerga de los economistas) al propagar el virus.