Leía hace unos días un artículo publicado por mi buen amigo Carlos López Blanco, presidente de la Comisión de Digitalización de las Cámaras de Comercio de España, titulado: "Manual de supervivencia a la I.A."., en el que condensaba su visión de tan complejo asunto en 10 reglas. Me pareció una buena manera de concentrar la atención del lector.
Estamos viviendo en estos momentos una coyuntura económica difícil y con unas perspectivas nada favorables de cara a este año y al próximo. Las tasas de crecimiento esperado, tanto en España como en el resto de la UE son muy bajas: Entorno al 1,3%-1,6% para España, según el Banco de España y un 0,7% para la media de países de la UE. La inflación se está mostrando persistente pese a la actuación decidida del BCE de subir los tipos "Whatever it takes" como diría Draghi. Un 4,75% según la última previsión del Banco de España y un 5,6% la inflación subyacente según la estimación más favorable de FUNCAS. Los datos de déficit y de endeudamiento públicos no son mucho más halagüeños. Según el último análisis de la Airef, 2022 se cerrará con un déficit de las AAPP del 4,5%; la ratio de deuda sobre PIB en 2022 la sitúa en el 113%.
El modelo de organización territorial en CCAA, que tiene su fundamento jurídico en la Constitución de 1978, no ha dejado de estar presente en el debate político desde el momento mismo de la constitución de los primeros Entes Preautonómicos. Se han discutido sus fundamentos políticos e históricos, su estructura competencial frente a la del Estado, su nivel de gastos, sus políticas públicas, su capacidad de endeudamiento y sus modelos de financiación.
El modelo de organización territorial en CCAA, que tiene su fundamento jurídico en la Constitución de 1978, no ha dejado de estar presente en el debate político desde el momento mismo de la constitución de los primeros Entes Preautonómicos. Se han discutido sus fundamentos políticos e históricos, su estructura competencial frente a la del Estado, su nivel de gastos, sus políticas públicas, su capacidad de endeudamiento y sus modelos de financiación.
La preocupación por ¿cómo vamos a salir de ésta? empieza a ocupar cada vez más tiempo en la cabeza de todos: del gobierno, de los partidos políticos, de los empresarios y de cada uno de nosotros. A medida que la situación sanitaria comienza a vislumbrase algo más esperanzadora, la preocupación se va desplazando hacia el futuro inmediato en la vida económica. El presidente del Gobierno lleva tiempo insistiendo en la necesidad de unos nuevos Pactos de la Moncloa. Existe, por otro lado, un consenso general de que hay que actuar aunando fuerzas y colaborando todos los estamentos en la misma dirección. Pero el problema, como casi siempre, está en pasar de las musas al teatro.
La libre movilidad es uno de los derechos básicos de cualquier ciudadano en un país democrático. Pero el derecho a moverse de los ciudadanos es, esencialmente, el reverso de la moneda de la necesidad de desplazarnos. Nos tenemos que mover a diario para ir al trabajo, que es la causa fundamental de la movilidad, pero también nos movemos para comprar los bienes que necesitamos, para visitar otros lugares, o simplemente por el placer de pasear.
Las uniones temporales de empresas, convencionalmente conocidas como UTES, constituyen una forma muy común de cooperación entre las empresas para concurrir a las licitaciones públicas de grandes contratos, particularmente en el mundo de las infraestructuras, pero también en otros muchos ámbitos de actividad. Desde una perspectiva económica existen múltiples razones, muchas de ellas muy intuitivas, para que se dé esta forma de colaboración.