Cuando los liberales denunciamos el intervencionismo hipertrófico del Estado, la mayoría de ciudadanos instintivamente piensa que nos referimos a los impuestos y al gasto público que de manera directa gestionan políticos y burócratas. Es decir, para grandes sectores de la población, intervencionismo estatal ha terminado identificándose con política tributaria.

Sostiene la Declaración de Independencia de EEUU que todos los hombres poseen "ciertos derechos inalienables, entre los que se hallan la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad". La reflexión de los padres fundadores de la mayor y más duradera democracia del planeta adquiere en nuestros días una notable radicalidad, ya que señala con enorme precisión la diferencia entre una abolición del régimen y su mera conservación, algo que se puede aplicar a todos los partidos políticos españoles, tanto los tradicionales como los emergentes.

La situación financiera griega no ha parado de agravarse en los últimos meses. La combinación de una economía destrozada, de un Estado insolvente y de un gobierno kamikaze constituye un polvorín de cuasi imposible solución.

En poco más de un mes, España celebrará elecciones autonómicas y municipales. Hará, por tanto, cuatro años desde que el Partido Popular conquistara la mayoría de gobiernos autonómicos y municipales durante las postrimerías del zapaterismo: cuatro años desde que se iniciara la mascarada sistemática del peronismo rajoyano.