El Ministerio de Hacienda ha decidido "por ahora" meter en el congelador la creación de nuevos tributos ambientales y la aplicación de un impuesto a las bebidas azucaradas, pese a que se comprometió a ingresar 700 millones por ambos conceptos en el plan presupuestario que remitió a Bruselas en el mes de diciembre.
La ecuación le cuadra al Gobierno y por eso este viernes el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, apuesta al fin por la suma de PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y también Nueva Canarias, que este miércoles mismo anticipó las condiciones que exigirá para prestar el voto decisivo, el 176, a las Cuentas: 480 millones en el proyecto para "reconocer las pérdidas que las islas sufren al año al sufrir, con un sistema fiscal propio (el REF), el mismo régimen que el resto de autonomías" y otros 200 millones en inversiones en infraestructuras. Casi 700 millones en total. Rivera anuncia que Cs apoyará los PGE.
Las negociaciones entre las partes se mantuvieron anoche hasta el último minuto. El Ministerio de Hacienda y los sindicatos de la función pública ultimaban al cierre de esta edición los detalles de la que será la mayor oferta de empleo público (OEP) de la historia. Esa oferta extraordinaria servirá para convocar 250.000 plazas en tres años, a las que habrá que sumar la tasa de reposición anual, tal y como confirman a elEconomista fuentes próximas a la negociación.
Mientras el Pacto de Toledo escucha intervenciones de expertos en el Congreso y el déficit de la Seguridad Social toca los 19.000 millones de euros, la factura mensual de las pensiones crece sin cesar.
Las comunidades autónomas lograron reducir su periodo medio de pago a proveedores a 25 días en enero, según detalló el Ministerio de Hacienda ayer mismo. Ese retraso es el menor desde que el Congreso aprobara en 2010 la Ley de Morosidad, que limitaba a 30 días el plazo legal de las Administraciones Públicas para abonar facturas pendientes. El registro, además, mejora el de diciembre de 2016, en el que las regiones cumplieron los plazos legales por primera vez.
El Ejecutivo se acerca finalmente a la postura de los sindicatos y aceptará convocar, a tres años vista, una Oferta de Empleo Público (OPE) de entre 200.000 y 250.000 plazas para luchar contra el problema de temporalidad que incluso ya admite el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El Gobierno aprobará un decreto para que las CCAA convoquen las oposiciones a maestros sin esperar a los Presupuestos.Esa cifra es defendida con ahínco tanto por CSI-F, el sindicato mayoritario entre la clase funcionarial, como por UGT y CCOO. "Parece que por fin han hecho caso a nuestras denuncias sobre la precariedad con la que se trabaja en el sector público", manifestó este miércoles a este diario Miguel Borra, presidente de CSI-F, recordando que en las autonomías se están dando tasas de temporalidad superiores al 20%.
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, vinculó ayer la aprobación de unos Presupuestos del Estado para 2017 con la presentación de una Oferta Pública de Empleo (OPE), que los sindicatos esperan como agua de mayo. Montoro, que ayer asistía a un acto con la Confederación de Jóvenes Empresarios, Ceaje, reconoció que el anteproyecto de Cuentas Públicas "deberá incluir una OPE que reduzca la interinidad y contribuya al buen funcionamiento de los servicios públicos".
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya puede presumir de haber cumplido por una vez el límite de déficit que exige Bruselas. El cierre del año 2016 fue algo mejor a lo esperado y el desvío se situó levemente por debajo del 4,6% pactado con las autoridades europeas, cifra que además incluye los 2.000 millones de ayudas al sector bancario. Sin ellas, el déficit final apenas superaría por unas centésimas el 4,3%. Una buena noticia para la imagen de España en la esfera comunitaria después de un cierre de 2015 casi catastrófico: entonces debimos respetar un límite del 4,2% y el Ejecutivo comunicó, hace un año, un dato del 5,16% por el que estuvimos a punto de ser multados.
España puede volver a lograr un avance interanual del 3% este año o, al menos, quedarse al borde. La aceleración de la actividad en los primeros compases de 2017 está dejando viejas las previsiones que apuntaban a un crecimiento del 2,3%, y hoy parece bastante más factible que el PIB termine incrementándose entre el 2,8% y el 3%. Así lo corrobora el escenario que dibuja la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que a día de hoy apuesta por un avance trimestral del 0,8% hasta marzo y del 0,9% de abril a junio, superiores incluso a los registrados en el segundo semestre de 2016.
El 'Parlament' valida el impuesto el miércoles, pese a que Montoro diseña uno similar para todo el paísEl Govern se adelanta para que el Estado elimine la figura y le abone 40 millones de compensación