Las comunidades autónomas lograron reducir su periodo medio de pago a proveedores a 25 días en enero, según detalló el Ministerio de Hacienda ayer mismo. Ese retraso es el menor desde que el Congreso aprobara en 2010 la Ley de Morosidad, que limitaba a 30 días el plazo legal de las Administraciones Públicas para abonar facturas pendientes. El registro, además, mejora el de diciembre de 2016, en el que las regiones cumplieron los plazos legales por primera vez.
La mejora de los últimos meses tiene mucho que ver con los 4.548 millones de euros que Hacienda, a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), repartió entre las regiones en plenas Navidades. Es previsible que en los próximos meses los registros vuelvan a empeorar levemente, ya que la concesión del FLA está paralizada por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y las autonomías se están viendo obligadas a acudir a los mercados para captar fondos con los que afrontar déficit y vencimientos de deuda de todo tipo.
La estadística que ayer difundió el gabinete que comanda Cristóbal Montoro reflejó que ya solo seis regiones incumplen la Ley de Morosidad. Murcia, con 59 días, es la región que más está tardando en pagar sus facturas, seguido de la Comunidad Valenciana (44 días). Desde allí, el Gobierno del socialista Ximo Puig reclama a Hacienda que no demore hasta junio el pago de 1.200 millones en concepto de FLA, "porque ese retraso hace muy difícil mantener el periodo medio de pago por debajo de 60 días", informa Olivia Fontanillo.
Cantabria, Canarias, Baleares y Cataluña son las otras cuatro regiones que incumplieron los 30 días que fija la ley, mientras que País Vasco y Navarra volvieron a ser en enero las mejor pagadoras y abonaron a proveedores en 3 días de media. En conjunto, la deuda comercial autonómica bajó un 9,5% respecto a diciembre y se situó en 6.123 millones de euros.
Por otro lado, y respecto a las grandes ciudades, Palma presentó el retraso medio más amplio (55 días) y Málaga tardó menos que ninguna otra en pagar facturas (3 días).
