La Comunidad Valenciana, con casi 2.700 millones de euros, y Cataluña, con 1.476 millones de euros, son destinatarias de forma conjunta de más de la mitad del dinero que el Ministerio de Hacienda ha puesto a disposición de las comunidades autónomas este año para el pago a proveedores.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inició ayer una ronda de contactos con los nuevos presidentes autonómicos surgidos de los comicios del pasado mes de mayo. En los encuentros con Francina Armengol, presidenta de Baleares; Pedro Antonio Sánchez, jefe del Ejecutivo de Murcia; y Fernando Clavio, presidente de Canarias, la financiación autonómica se convirtió en protagonista.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dio ayer el último paso para disolver definitivamente el Consejo Consultivo de la región. Tal y como anunció en julio, el Consejo de Gobierno madrileño remitió a la Asamblea el proyecto de Ley para la supresión de este polémico órgano, creado en 2007 y que aseguraba plaza y salarios brutos de más de 100.000 euros al año a los expresidentes de la autonomía.
El volumen total de deuda pública incluyendo los pasivos financieros que Eurostat permite maquillar a España supera, según datos del Banco de España, el 140% de nuestro PIB. Mientras, la deuda privada, compuesta por el pasivo de las empresas y de las familias, sigue reduciéndose con celeridad y podría caer este año al entorno del 150%. Nunca antes durante la crisis esa diferencia había sido tan estrecha.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, dedicará la mejora de la recaudación del próximo año, cifrada en algo más de 11.200 millones de euros, a la subida del sueldo de los funcionarios, mantener la rebaja del IRPF acometida este año y mejorar la dotación presupuestaria de las autonomías, entre otros guiños electorales que ha ido desgranando a lo largo del verano. En concreto, esas tres decisiones costarán al erario público más de 10.300 millones, por lo que del alza de la recaudación apenas se podrán dedicar 900 millones de euros a contener el déficit público.
Si el Gobierno devuelve finalmente en septiembre la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, como dejó entrever el presidente Mariano Rajoy hace unos días, el Ejecutivo deberá preparar otra partida extra de 500 millones anuales. Éste es el coste que tenía la atención sanitaria a los ciudadanos sin papeles en 2012, año en el que la reforma sanitaria llevada a cabo por la entonces ministra Ana Mato acabó con el paraíso sanitario que suponía entonces nuestro país para los extranjeros.
La normativa europea sobre deuda pública permite a España maquillar su pasivo en circulación. En concreto, y según datos que se desprenden de sendas estadísticas de Eurostat y del Banco de España, nuestro país puede dejar de contabilizar más de 292.000 millones de euros según el protocolo por déficit excesivo que establece Bruselas.
Nuevo período de incertidumbre en Grecia tras la dimisión de Alexis Tsipras y la convocatoria de elecciones anticipadas. Los desencuentros del ya exprimer ministro con su propio partido provocaron esta drástica decisión política. Con este paso, Tsipras pretende neutralizar al sector crítico de Syriza, compuesto por aquellos que en el Parlamento heleno se opusieron a las condiciones del rescate pactado con las instituciones europeas, aunque no lo tendrá nada fácil.
Nuevo período de incertidumbre en Grecia tras la dimisión de Alexis Tsipras y la convocatoria de elecciones anticipadas. Los desencuentros del ya exprimer ministro con su propio partido provocaron esta drástica decisión política. Con este paso, Tsipras pretende neutralizar al sector crítico de Syriza, compuesto por aquellos que en el Parlamento heleno se opusieron a las condiciones del rescate pactado con las instituciones europeas, aunque no lo tendrá nada fácil. Por el momento, el ala izquierdista de Syriza ha anunciado hoy su salida de la formación y la creación de un nuevo partido. Mientras, Nueva Democracia, la segunda formación con más escaños en el Parlamento, ha confirmado que agotará los tres días de plazo que tiene para buscar posibles socios de coalición.