La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dio ayer el último paso para disolver definitivamente el Consejo Consultivo de la región. Tal y como anunció en julio, el Consejo de Gobierno madrileño remitió a la Asamblea el proyecto de Ley para la supresión de este polémico órgano, creado en 2007 y que aseguraba plaza y salarios brutos de más de 100.000 euros al año a los expresidentes de la autonomía.
En concreto, el proyecto de Ley fue remitido por el procedimiento de lectura única para que su aprobación se produzca lo antes posible, aunque fuentes del Ejecutivo regional explicaron a elEconomista que "si no hay imprevistos en la Asamblea, la fecha que se baraja para el cierre definitivo estará entre finales de año y principios del próximo".
"Si sale adelante el proyecto de ley, la supresión supondrá un ahorro de 2,3 millones de euros para todos los madrileños", aseguró la presidenta regional ante los medios de comunicación. Cifuentes insistió en que el cierre del órgano, cuyo presupuesto anual supera los 4 millones de euros, "no supondrá merma alguna para la imparcialidad e independencia de la Administración Pública".
Y es que las tareas de las que se ocupaba (la más importante, emitir dictámenes sobre proyectos legislativos del Ejecutivo regional), será asumida ahora por una comisión jurídica de la Abogacía General y por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública regionales. Será así para no saturar de trabajo al Consejo de Estado, quien en un principio, y al ocuparse de esas tareas a nivel nacional, parecía el destinatario natural.
La supresión del Consejo Consultivo estaba en el programa electoral con el que Cristina Cifuentes concurrió a los comicios de mayo, y también figuraba en el pacto escrito con Ciudadanos, la formación que permitió con su abstención que la propia Cifuentes accediese a la presidencia.
Estatus para expresidentes
El Ejecutivo regional defiende en privado que la labor del Consejo Consultivo "es esencial y muy importante", y por eso será asumida por otros organismos, "pero lo que fallaba era la composición". "Ha terminado por desvirtuar su propia función", aseguran desde el gabinete de Presidencia del Ejecutivo regional.
A los expresidentes Joaquín Leguina, Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González, consejeros vitalicios del Consultivo, "se está estudiando darles algún tipo de estatus aunque todavía no se sabe cual". Por lo pronto, y una vez baje la persiana el Consejo, dejarán de reunirse una vez por semana como hacían hasta ahora.
El resto del personal, la mayor parte de ellos funcionarios, pasarán provisionalmente a plantilla de la Abogacía General de la Comunidad o a la propia Consejería de Presidencia y Justicia.
El PSOE aplaudió ayer la decisión de Cifuentes de suprimir el Consejo Consultivo por entender "que hay que priorizar y cubrir otras necesidades de las personas".
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