Cuando se escriben estas líneas estamos en los días previos a unos nuevos comicios nacionales y dudo que, en este escenario, sea casualidad la aparición de alocuciones de partidos políticos sobre un supuesto trato de favor a los extranjeros residentes en nuestro país en la concesión de ayudas públicas.

Nos hemos levantado estos días con la noticia de que el último lustro ha sido el más cálido de la historia a nivel global desde 1880 (cuando empezaron los registros) según los datos de la NASA y de la Oficina Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA).

Un documento del que se va a hablar mucho en los próximos tiempos es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Un instrumento estratégico aprobado el 25 de septiembre de 2015 por su Asamblea con el ambicioso fin -que reza en su título- de "transformar nuestro mundo" y que cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como son, entre otros, el fin de la pobreza y el hambre, la consecución de la igualdad de género, la defensa de los ecosistemas, la lucha contra el cambio climático.

Hace escasos días inició su andadura el nuevo Plan de Vivienda 2018-2021, gracias a la firma de los convenios entre el Ministerio de Fomento y las CCAA que articulan el mismo.

El reciente informe 1/2018 del Consejo Económico y Social de España (CES) sobre el medio rural y su vertebración social y territorial recoge varias propuestas de acción que han de ser abordadas desde todas las instancias implicadas, pero que, en el ámbito autonómico y, en particular, en el de la materia de vivienda y urbanismo tienen una importante significación. Gran parte de dichas propuestas tienen su eco hoy en varias medidas planteadas desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, consciente de la trascendencia de lo rural en una región donde el 91,8 por ciento de sus municipios tiene menos de 5.000 habitantes.