El 4 de febrero se celebra el Día mundial contra el cáncer, promovido por la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad, de la que, en 2019, se diagnosticó en nuestro país a más de 217.000 personas siendo en éste la segunda causa de mortalidad, la primera en varones.
Hoy día, todos decimos estar concienciados frente a la gravedad de esta enfermedad, pero seguro que cada uno de nosotros no lo sentimos tanto como aquellas personas que la han sufrido o la sufren directamente y sus familiares, y también que aquellos quienes han sido meros acompañantes en los momentos de tratamiento y de sufrimiento frente al dolor más intenso que este mal puede irrogar a quienes lo padecen.
Esta concienciación, en términos de Administraciones, instituciones y asociaciones, suele dirigirse principalmente a labores de lucha contra la enfermedad, de investigación sobre su cura y sobre su mejor tratamiento; actuaciones en las que es preciso también incluir el apoyo psicológico y asistencial.
El dolor, la frustración, e incluso el miedo más profundo que puede embargar a quien padece esta enfermedad no reside solo en éste, sino que se traslada también a sus allegados, llegando a afectar notoriamente a sus pautas, motivaciones y ritmos vitales más cotidianos.
Habitantes de pequeños pueblos
Y ahora que se habla tanto de la España vacía y de su medio rural, es dado acordarse de aquellos habitantes de esos pequeños pueblos que tienen que convivir con esta enfermedad y se ven obligados a recorrer amplias distancias para dirigirse a centros hospitalarios donde ser tratados.
Un tránsito constante y periódico que, en ocasiones, les fuerza incluso a cambiar su lugar de residencia para hacer posible el recibir un tratamiento que les genera severos efectos físicos y les dificulta el regreso a sus lugares de origen, por más que sea en ambulancia o de la mano de un ser querido.
Quien conozca a una persona en tratamiento habrá podido ver la situación física que le deja éste en su cuerpo y en su ánimo tras su dación.
Ello debiera ser bastante ya para que algunos responsables públicos recapacitasen sobre aquellos pretendidos -y, afortunadamente, pasados- recortes en los servicios médicos más cercanos en el medio rural, pero también hoy debiera servir para que nos preguntásemos si la atención que damos a estos enfermos es la más adecuada cuando, si no es su opción, nada más concluir su tratamiento, se ven abocados a recorrer largas distancias por carreteras -no siempre fáciles- para regresar a sus hogares, a sus puntos de partida.
Y cabe preguntarse aquí: ¿la vivienda, configurada como bien fundamental en el que se desarrollan los derechos más básicos del ser humano, no debería configurarse como un recurso idóneo para paliar esta situación?
En el año 2016, siendo director general de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Castilla-La Mancha, visité en Albacete acompañando a la entonces consejera de Fomento, Elena de la Cruz, la sede de la asociación AMAC, mujeres afectadas por cáncer de mama, donde nos expusieron las carencias del inmueble que eran muchas: humedades, falta de calefacción, etc.
A la pregunta de por qué seguían allí respondieron que, con sus recursos, no podían permitirse "otra cosa"; pero, sobre todo, incidían en la preocupación que les causaba el no tener un lugar adecuado para albergar a aquellas enfermas -y a sus acompañantes- que, tras recibir tratamiento, no se sentían en condiciones (con fuerzas suficientes) de subirse a un coche o a una ambulancia y viajar hasta su casa, en ocasiones durante horas.
AMAC ya desarrolla su actividad diaria en una vivienda protegida de titularidad pública
Tengo que decir, con tristeza, que Elena nos dejó demasiado joven víctima de leucemia apenas un año después y que no pudo ver el Decreto que, bajo su dictado, tramitábamos para posibilitar la cesión de viviendas protegidas de titularidad regional a asociaciones como AMAC a fin de que en aquellas se atendiesen, también, casos como los que acabo de referir.
Tres meses después
El Decreto se aprobó apenas tres meses después de dejarnos Elena, y hoy AMAC ya desarrolla su actividad diaria en una vivienda protegida de titularidad pública.
Creo que este ejemplo ha sido especialmente útil para poner de nuevo el adjetivo de protegidas a estas viviendas, porque sirven para eso precisamente: para proteger, para que el conjunto de la sociedad proteja al que, en cada momento, pueda necesitarlo más.
En términos de recurso habitacional, ese adjetivo sirvió en su día para proteger a los que no podían acceder a una vivienda por los perversos efectos de un mercado que tenía a la vivienda, no como un bien vital, sino como un bien de inversión; pero hoy, con ejemplos como el referido Decreto castellano-manchego 41/2017, de 4 de julio, se ha tratado de dar un más alto valor a ese concepto de protección que, en definitiva, define un hogar, en cuanto sitio donde sus moradores han de poder sentirse acogidos y protegidos.
Unas veces intentan descansar agotadas frente a una enfermedad contra la que no dejan de luchar, y otras nos enseñan nuevos ejemplos
Y hay más. En Castilla-La Mancha, ya en la pasada Legislatura, se ha propiciado que las ayudas enmarcadas en el Plan de Vivienda promovido desde el Ministerio de Fomento -por más que éste aun deba hacer suya esta iniciativa- puedan destinarse, tanto en sus modalidades de alquiler y de rehabilitación, a entidades del tercer sector que emplean estas viviendas como recurso habitacional para la atención de personas con necesidades muy diversas.
Con ello, también, si nos fijamos, no es complicado encontrarse con Pentesileas que, unas veces intentan descansar agotadas frente a una enfermedad contra la que no dejan de luchar, y otras nos enseñan nuevos ejemplos, también en el ámbito habitacional, como es el caso de la Fundación María Asunción Almajano Salvo-MAAS, que se dedica a prestar atención integral a personas sin hogar enfermas oncohematológicas, procurándoles un hogar adecuado; algo que debería llamar la atención de toda nuestra sociedad, entendiendo que sin vivienda no hay derechos, entre ellos también el derecho a la protección de la salud reconocido en nuestra Constitución.
En memoria de Elena de la Cruz Martín (1972-2017)
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