Hace escasos días inició su andadura el nuevo Plan de Vivienda 2018-2021, gracias a la firma de los convenios entre el Ministerio de Fomento y las CCAA que articulan el mismo.
Un Plan fruto del anterior Ejecutivo nacional y respecto del cual ya se anuncian reformas. Un Plan que, tras la prórroga de su predecesor, nació esperado y cuestionado al mismo tiempo. Esperado en cuanto, como todo Plan de Vivienda, supone uno de los instrumentos principales de las políticas públicas de vivienda; motor, a su vez, de relevantes efectos en el sector privado.
Y cuestionado por cuanto, prácticamente, se ha limitado a seguir los programas de ayudas de su antecesor -arrendamiento, rehabilitación edificatoria, y áreas de regeneración y renovación urbana-, pero sigue esperándose la recuperación de aquellas que se referían a la vivienda protegida, tanto en su promoción, en su adquisición, y también en lo que toca a la subsidiación, y ello pese a la aprobación en el Congreso de los Diputados de PNL que, hasta la fecha, no han ido más allá.
En rehabilitación poco hay de nuevo y el Plan vuelve a referirse a las actuaciones de conservación, mejora de la accesibilidad y de la eficiencia energética. La experiencia en Castilla-La Mancha ha sido significativa respecto al periodo 2013-2015, pues mientras en éste prácticamente no se otorgaron ayudas, en el siguiente (2015-2017) éstas alcanzaron los 17 millones de euros, con el efecto que además ello ha tenido el tejido productivo de la región. Ahora bien, de dichas ayudas más del 83 por ciento fueron destinadas a la accesibilidad, mientras que el resto lo fueron a conservación y eficiencia energética.
Hoy día, nuestras viviendas consumen el 17 por ciento de la energía final del país, y generan una cuarta parte de los gases invernadero, llegando hasta un tercio contando su proceso de ejecución. Ello da una imagen de la relevancia ambiental de la cuestión en un ámbito donde los objetivos de rehabilitación para 2020 se fijaban en el documento de CEOE. La rehabilitación de edificios como motor de crecimiento y empleo en 286.335 viviendas, frente a las 62.130 rehabilitadas en 2014.
¿Por qué se queda atrás la mejora de la eficiencia energética?
Hay que partir de que la rehabilitación aún es joven en nuestro país, y desconocida en la conciencia de los ciudadanos en cuanto a su necesidad y beneficios, siendo esta una de las primeras barreras a vencer como se refiere en el Diagnostico de la Rehabilitación en las Comunidades Autónomas, 2016, de Green Building Council España (GBCe) y la Fundación Conama.
Así, son necesarias campañas de formación y de concienciación: ¿se imaginan unas vacaciones sin anuncios de la DGT en los medios? Relevante es también la configuración del Plan de Vivienda en cuanto a la rehabilitación, con profusos requisitos que escapan a muchos particulares haciendo aún más esencial la participación de los profesionales, razón, entre otras, por lo que ha incidirse también en su formación continua y especializada.
Pero fundamentalmente el actual Plan ha mantenido una excesiva rigidez, en concreto en las exigencias porcentuales de reducción de la demanda energética global del inmueble, precisando así inversiones difícilmente asumibles para muchos ciudadanos. Frente a ello, hubieron, durante la formación del Plan, diversos posicionamientos que abogaron por unas ayudas proporcionales a la mejora obtenida y con unos mínimos inferiores a los fijados hoy.
Rigideces que no son exclusivas del Plan. Es imprescindible el compromiso de los municipios en la tramitación ágil de autorizaciones y en la adecuación de sus normas a las necesidades de la rehabilitación, pudiendo fomentarse también actuando en el ámbito tributario, algo trasladable también, por cierto, a instancias superiores.
Pero fundamentalmente donde se denotan mayores carencias es en la financiación de este tipo de actuaciones. El Plan desoye ejemplos referidos a ayudas en forma de financiación y olvida establecer mecanismos para ofrecer ésta.
La necesidad de articular estas medidas ha sido reclamada por profesionales como los administradores de fincas, y aunque alguna autonomía, como Castilla-La Mancha, ha iniciado medidas en este sentido, suscribiendo convenios con ciertas entidades financieras para facilitar el acceso al crédito, se hace precisa la iniciativa del Estado en el marco del propio Plan de Vivienda.
Modelos no faltan. En Alemania, la banca pública ha otorgado préstamos a bajos tipos; en Reino Unido, el programa Green Deal permite a empresas ofrecer servicios de rehabilitación energética de sin ningún coste por adelantado, haciendo cargos en las facturas energéticas; e incluso en EEUU con el Property Assessed Clean Energy Programme los municipios conceden préstamos a reintegrar con aportaciones añadidas a los impuestos a la propiedad.
Otras líneas de rehabilitación están recabando un cierto éxito por cuanto, por un lado, los propietarios han tomado conciencia de la mejora en su calidad de vida y de la revalorización de sus inmuebles gracias a estas actuaciones, y por otro, en cuanto ciertas empresas -como las de ascensores- han ofrecido condiciones óptimas de financiación, empleando incluso como garantía las ayudas previamente reconocidas.
El trasladar estos instrumentos a la mejora de la eficiencia energética, por ejemplo, a través de las Empresas de Servicios Energéticos, parece el mejor camino para alcanzar el éxito de esta serie de iniciativas, mejorando la calidad de vida de los habitantes de nuestros pueblos y ciudades, y para lograr cumplir con las obligaciones que a todos nos corresponden en pos de alcanzar los objetivos de sostenibilidad que nos hemos fijado.
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