En España existe una Administración Pública que funciona razonablemente bien, especialmente en su nivel central, lo que ha contribuido a que el país haya podido sortear con daños menores de los previstos etapas difíciles de su historia, como la crisis económica, social y moral que se produjo a partir del año 2008. Aunque los efectos de este último episodio no se puede decir que hayan sido superados del todo, el hecho de contar con una Administración profesional y eficiente ha favorecido, sin ninguna duda y en buena medida, a que el modelo de transición de una España autoritaria a una España democrática haya sido un ejemplo para buena parte del mundo.