La formación continuada de los profesionales sanitarios no solo constituye un derecho, sino también un deber, tal como recogen las leyes que regulan el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS). No podría ser de otro modo, pues esta formación es la principal garantía para los ciudadanos en general y los pacientes en particular de que la asistencia que reciben por parte del sistema de salud es la más adecuada.