Al final, la guerra estalló por Doñana. En plena precampaña electoral, y enarbolando cada bando la bandera de la presumible responsabilidad, la Junta de Andalucía y el Gobierno central se han enzarzado en una batalla pública sin precedentes con el humedal más importante de Europa como tesoro a conquistar. Pero los dos contendientes han visto cómo un tercero, más acostumbrado a actuar como mediador y supervisor, se ha implicado de forma decidida en el conflicto. La Comisión Europea ha abandonado su habitual tono ambiguo para, asiendo el arma de las multas y las consecuencias jurídicas, recordar a unos y otros que por Doñana no se pelea; que a Doñana, precisamente por no ser de unos ni de otros, sino de todos, se la protege.

En 2021, Signus gestionó 200.286 toneladas de neumáticos fuera de uso en España y las convirtió en nuevos productos útiles para diferentes aplicaciones. Campos de fútbol, parques infantiles y carreteras son los usos más comunes que habitualmente se da al material recuperado, pero además de reutilizar estos productos cuando finaliza su vida útil, cada vez son más los fabricantes que apuestan por aprovechar las ventajas que aporta la economía circular desde el mismo proceso de producción. En este sentido, el gigante norteamericano Goodyear ha anunciado que antes de 2024 comercializará un neumático fabricado con, al menos, un 70% de materiales sostenibles, y que cuenta ya con un prototipo desarrollado que eleva el porcentaje hasta el 90%. El compromiso con la economía circular y el medio ambiente de Goodyear incrementó su velocidad de crucero cuando en 2020 se marcó el objetivo de crear un neumático capaz de alcanzar el 100% en su porcentaje de materiales no contaminantes antes de 2030. No obstante, y siete años antes de rebasar esa barrera, la compañía anuncia ya que se acerca a su compromiso sin freno.

Objetivo: preservar los pulmones del planeta. Y es fruto del compromiso pero, también, un ejercicio de reparación para con las masas forestales del mundo. La Unión Europea es, sólo por detrás de China, el mayor responsable de la deforestación tropical, con un total del 16% del total mundial (más de 200.000 hectáreas deforestadas sólo en 2017 y un nivel de emisiones de CO2 asociadas de 116 millones de toneladas). Por eso, los Estados miembros han suscrito un acuerdo con rango de ley que pretende poner freno a la tala de árboles, estableciendo una regulación diseñada para asegurar que las empresas que quieran comercializar en el mercado europeo hasta siete productos entendidos como clave -además de sus derivados- deberán certificar que con su producción no se ha contribuido ni a la deforestación ni a la degradación de los bosques del planeta. Asimismo, la Unión Europea acaba de adoptar un pacto por el que marca como obligación a sus miembros el aumentar en un 15% los sumideros de carbono para los sectores del uso de la tierra y la silvicultura de cara a 2030.

A finales del pasado mes de febrero el precio del CO2 superó los 100 euros por tonelada emitida. Se trata de la primera vez que el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (ETS) alcanza una cifra de tres dígitos en sus 18 años de historia, cruzando así un umbral simbólico que, según los expertos, podría hacer que las industrias más contaminantes impulsen la implementación de medidas que permitan reducir sus emisiones.