La Comisión Europea ha decidido aplazar la remisión de España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no implementar la normativa de la Unión sobre los mercados de instrumentos financieros (Mifid II). Bruselas aprecia así la aprobación del Real Decreto-ley que transpone la mayoría de las disposiciones que faltaban en la materia.
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"Aunque la presión fiscal es algo menor en España que en la media de países de nuestro entorno, si tomamos como referencia los impuestos que paga una persona física de clase media, en relación a sus rentas anuales, podríamos estar por encima de la media". Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas (CGE), considera que "esto sucede por nuestro nivel de paro y porque una buena parte de la población obtiene unas rentas tan bajas que no tributan".
El 80 por ciento de los abogados españoles está concienciado con la necesidad de innovar, pero poner la idea en práctica supone un descenso drástico de esta cifra, pues solo un 34 por ciento considera que se está implementado realmente. En el caso de los asesores esta cifra asciende ligeramente hasta el 43 por ciento.
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La empresa que se hace nueva adjudicataria de una contrata hereda la plantilla de trabajadores de la anterior y también las deudas salariales de la anterior. El Tribunal Supremo aplica así la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que estableció en su sentencia de 11 julio de 2018.
La empresa española necesita incorporar el perfil del responsable de prevención penal (compliance officer) para mejorar su compromiso ético y responsable con la sociedad. Según los expertos penalistas, la figura tiene un papel fundamental en la salvaguarda de la responsabilidad penal de la empresa y en el impulso de la reputación.
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