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Europa retira su denuncia contra España por no adoptar la normativa financiera comunitaria

  • Bruselas valora el Real Decreto aprobado por el Gobierno en octubre
  • La Comisión no llevará al Tribunal europeo la tardanza en adaptar 'Mifid II'
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Reuters
Madrid

La Comisión Europea ha decidido aplazar la remisión de España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no implementar la normativa de la Unión sobre los mercados de instrumentos financieros (Mifid II). Bruselas aprecia así la aprobación del Real Decreto-ley que transpone la mayoría de las disposiciones que faltaban en la materia.

Sin embargo, la Comisión recuerda que todavía debe completarse la transposición de algunas disposiciones mediante un real decreto cuya adopción está prevista para finales de noviembre. "En caso de que las medidas cuya adopción está prevista para finales de noviembre no se adopten según lo previsto, podría reconsiderarse la situación del procedimiento", señala la Comisión Europea en un comunicado.

Según Bruselas, estas normas son elementos cruciales para el correcto funcionamiento de los mercados de valores y son esenciales para el mantenimiento de un mercado único europeo operativo. "Si los Estados miembros no transponen las normas, los inversores no pueden beneficiarse de la mayor protección de los inversores que facilita la Mifid II", apunta.

Además, las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros que no hayan procedido a la transposición no pueden conceder autorizaciones legalmente correctas para actividades que no estaban previamente reguladas, o que estaban reguladas de forma diferente con arreglo a la Directiva Mifid I. Esto incluye el funcionamiento de los centros de negociación, como los mercados regulados, los sistemas multilaterales de negociación (SMN) y los sistemas organizados de negociación (SON) y el registro de las empresas de inversión sujetas a la Mifid I como internalizador sistemático. Estas normas son aplicables desde el 3 de enero de 2018.

En la misma línea, Burselas ha decidido también aplazar la remisión de España al TJUE por no implementar plenamente la normativa de la Unión en materia de supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión. En concreto, denunciaba que no se habían adoptado las medidas necesarias para transponer plenamente la Directiva sobre Requisitos de Capital.

En este caso, Europa subraya que las autoridades españolas han presentado a la Comisión proyectos de medidas que garantizarían la plena transposición de la Directiva, junto con un calendario para su adopción que permitiría alcanzar una solución antes de una posible sentencia del Tribunal. "La ejecución de la remisión debe quedar en suspenso, a la espera de la adopción de las nuevas leyes de modificación", señala Bruselas en su comunicado.

Gestión de residuos

Por otra parte, la Comisión Europea ha insistido en sus exigencias a España para que cumpla sus obligaciones legales en materia de gestión de residuos y protección de la salud humana y el medio ambiente. "Existen pruebas generalizadas de la existencia de un gran número de vertederos ilegales pendientes de cierre, sellado y regeneración, lo que está provocando una degradación importante del medio ambiente", indica Europa.

En virtud de la Directiva Marco sobre los residuos, los Estados miembros están obligados a garantizar que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio ambiente. "Debido al incumplimiento sistémico y prolongado de las obligaciones que le incumben en el marco de la Unión, la Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado", recuerda Bruselas. Las autoridades españolas disponen ahora de dos meses para responder a las preocupaciones ex- presadas por la Comisión. De lo contrario, la Comisión podría llevar a España ante el TJUE.

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