
La empresa española necesita incorporar el perfil del responsable de prevención penal (compliance officer) para mejorar su compromiso ético y responsable con la sociedad. Según los expertos penalistas, la figura tiene un papel fundamental en la salvaguarda de la responsabilidad penal de la empresa y en el impulso de la reputación.
La Asociación Española de Compliance (Ascom) asegura que el oficial de cumplimiento aporta también un valor añadido a la organización, detectando y corrigiendo prácticas indebidas desde los primeros momentos para cuidar de la reputación de la empresa y evitar futuras pérdidas económicas causadas por conductas inapropiadas.
"Un compliance officer es una figura que gestiona riesgos. Ha de ser una persona que demuestre valores como integridad, compromiso, liderazgo, comunicación efectiva, la habilidad para insistir y convencer sobre la aceptación de sus recomendaciones y un conocimiento profundo, o disponer de acceso a expertos en la materia, en temas de cumplimiento normativo", señala Sylvia Enseñat, presidenta de Ascom. "Para ser compliance officer no es un requisito ser licenciado en Derecho, su conocimiento sobre leyes puede ser un complemento a su función, pero tendrá que rodearse de personas en su equipo que le aporten los conocimientos de los que carece", añade.
Desde la crisis financiera de principios del siglo XXI, la exigencia de un buen gobierno en las empresas se ha ido reforzando con una legislación más estricta y exigente. Directivas como MiFID, adoptada en España en 2007, introdujo la necesidad de mejorar la transparencia, la eficiencia y la protección del inversor en el sector financiero. Pero ha sido después de la Ley de Reforma del Código Penal que entró en vigor en 2015, cuando las empresas han visto la necesidad de contar con un programa de compliance.