Los especialistas aconsejan un código de buenas prácticas para gestionar bases de datos

En un mundo que ha cambiado de forma radical en los últimos 20 años, las compañías no se han quedado atrás. Más que una opción, es ya una obligación atender a los mecanismos que permitan un crecimiento y una inversión sostenible y generosa con el entorno que rodea a las empresas. Una exigencia que ha calado entre los altos ejecutivos y que, lejos de ser una inversión a fondo perdido, redunda en fuertes beneficios para las organizaciones.

Los juristas avalan el uso del ADN forense para fines de identificación en casos penales. Además, los especialistas aconsejan el desarrollo de estándares de buenas prácticas en la gestión de las bases de datos de ADN. "La tecnología de ADN forense es completamente válida y eficaz, pero la información que se deriva del análisis no es absolutamente neutral en términos de información relacionada con la salud o condiciones del individuo", apuntan.

A Ángel Gómez le llamaron loco muchas veces. Hijo de funcionarios, estudia derecho para preparar judicaturas a nivel alto. Tras superar la primera prueba, decide que quería otra cosa. "No estaba donde quería estar. Tenía una sensación de inconformismo", apunta. Sin embargo, sus padres le inscribieron en las pruebas para formar parte del departamento jurídico de uno de los grandes bancos españoles. Empieza a trabajar entonces para la gran firma. "Tenía la misma sensación. Aunque aprendí mucho esos dos años que estuve allí, no me veía", señala. Volvió a dejarlo todo y regresó a su Extremadura natal a un despacho en el que le prometieron que lideraría la transformación del bufete. Tras ver que no interesaban mucho sus ideas, volvió a dar un giro de timón. "Un mes antes de casarme, decidí cambiar de vida de verdad. Lo que quería", subraya. Así nace Área Abogados y Asesores, el proyecto que lidera ahora Ángel Gómez.

El artículo An Analysis of Pre-installed Android Software revela la existencia de un complejo sistema de desarrolladores y acuerdos comerciales en el que las apps preinstaladas disponen de permisos privilegiados y sin posibilidad de que un usuario medio pueda desinstalarlas. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) destaca el "impacto masivo" que los resultados del estudio tienen en la privacidad y la protección de los datos personales de los ciudadanos.