La actual pandemia por el dañino coronavirus Covid-19 ha puesto en evidencia el desconcierto y la flagrante falta de recursos de los políticos locales (entiéndase nacionales) en este mundo globalizado, al tiempo que ha hecho aflorar la falta de confianza de la ciudadanía en lo que concierne a la (¿supuesta?) habilidad de aquellos que deberían ejercer como líderes para resolver los problemas.
Vivimos en pleno debate sobre la Renta Básica Universal (RBU). Ya saben, una cantidad fija, mensual, ilimitada en el tiempo y pagada por el Estado, que recibiría el conjunto de la ciudadanía de un país (del desempleado al multimillonario) y sin que esté condicionada al nivel de ingresos ni a la obligación de aceptar un trabajo, y con independencia de si se cuenta o no con otros ingresos.
Acabada la Segunda Guerra Mundial -y en plena competencia con el sistema comunista de la URSS- la mayoría de países avanzados adoptaron la democracia representativa liberal e implantaron políticas socialdemócratas orientadas a un desarrollo económico y social equilibrado y al logro del estado del bienestar. El mercado constituía la base del sistema, aunque con los necesarios mecanismos de control para evitar distorsiones que fueran en detrimento del progreso social basado en una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento económico y una mejora de las condiciones de vida.