En los últimos días se ha debatido largamente sobre la decisión del Gobierno de gravar a bancos y empresas energéticas con impuestos especiales sobre sus beneficios. Se ha criticado la medida por arbitraria, injusta, populista o simplemente por los nocivos efectos que puede tener en las decisiones de invertir o establecerse en España para empresas de otros países que perciban una falta de seguridad jurídica, o un entorno regulatorio hostil hacia las empresas.

Tras la celebración de la COP28 en Dubái, se destaca la relevancia de los planes concretos implementados por gobiernos y empresas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Han sido muchas las propuestas y siempre con el objetivo marcado en el Acuerdo de París de tratar de limitar la subida de las temperaturas a los 1,5 grados que la comunidad científica establece como un límite que no debemos sobrepasar por sus graves consecuencias. A pesar del consenso científico sobre la amenaza del cambio climático, algunas voces, como la del presidente de la COP28, han cuestionado la necesidad de eliminar progresivamente los combustibles fósiles, generando debate debido a su vínculo con la industria petrolera.